Cabe recordar que la propuesta de endeudarnos en 70 millones de dólares, con el objetivo de satisfacer tan solo una parte de las necesidades de saneamiento de la población capitalina, no fue apoyada por la mayoría de los ediles de la coalición de gobierno, justamente por entender que dicha acción lejos de solucionar el problema, significaba embargar aún más a las generaciones futuras.

Algo así podría suceder con la propuesta de reducir el IVA, ya que los recursos que no se extraen de la recaudación de impuestos, se obtienen contrayendo deuda, la cual luego deberán pagar nuestros hijos y nietos. Otra posibilidad es emitir moneda, lo que genera mayor inflación.

Motivo por el cual, quienes plantean estas bien intencionadas propuestas, deberían señalar también cómo llevarlas a cabo en forma responsable sin perjudicar en definitiva a la población más vulnerable con algo que a simple vista se percibe tan solo como un beneficio.

Por otra parte, debemos recordar que la Ley de Urgente Consideración derogó la bancarización obligatoria impuesta originariamente por la Ley de Inclusión Financiera Nº 19210, la cual quedó firme luego del referéndum pasado, reafirmando una vez más la voluntad de los ciudadanos a favor de la libertad de elección, lo cual se contradice con imposición de este beneficio a través de la utilización de medios de pago electrónico.

Es entendible que los controles de la aplicación de un beneficio fiscal de esta índole sean de fácil implementación si se utilizan medios de pago electrónicos, pero como venimos de decir, esto significaría vulnerar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, sobre todo de aquellos trabajadores que fueron perjudicados con esa imposición, en particular quienes se desempeñan en el medio rural o suburbano, que no pueden acceder fácilmente a cajeros automáticos, por encontrarse estos lejos de donde viven o sin fondos suficientes, dependiendo muchas veces hasta de comisionistas que encontraron en estas dificultades un negocio.

Como señaló recientemente Conrado Rodríguez, Diputado del sector Batllistas de nuestro Partido Colorado: la propuesta del FA, "es una manera indirecta de obligar a la gente a estar dentro de la inclusión financiera para poder recibir un beneficio de exoneración fiscal sobre determinado producto".

Asimismo, tal como fue publicado por "La Diaria" el 26 de abril pasado, Rodríguez expresó que "si se pretende ayudar a las capas más vulnerables de la sociedad para que puedan adquirir determinados productos, con esta medida no se logrará, "porque muchos uruguayos que están dentro de los sectores vulnerables no tienen tarjeta de crédito o de débito, por lo tanto, no tendrían la posibilidad de acceder a esos productos con la exoneración del IVA". En el documento que presentó el FA se señala que al ser por medio electrónico de pago "se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y que el comercio mantenga el margen de ganancia..."

Como ya lo hemos expresado en columnas anteriores, lo que debería ser una elección no puede convertirse en una imposición, a nivel global cuando hablamos de inclusión financiera, lo que se busca es el fomento de la inclusión en forma voluntaria y se promueve el desarrollo a través del crédito y el ahorro, más allá de los servicios de contenido instrumental y accesorio que prestan los bancos.

Y considerando los objetivos de desarrollo que se planteó este Gobierno, sería más razonable procurar la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables, a través de la generación de empleo genuino, para lo cual es fundamental seguir alentando y apoyando las políticas de inversión y capacitación, para así obtener más y mejores recursos.