Con estas palabras, el Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Dr. Guzmán Acosta y Lara, tituló una interesante columna en Crónicas a propósito de la portabilidad numérica. Compartimos a continuación sus reflexiones.

En el marco de lo previsto por la Ley de Urgente Consideración N° 19.889 del 9 de julio de 2020, de acuerdo a lo establecido por los artículos 471 a 474, los operadores de servicios de telefonía móvil que tengan derecho a asignación directa de numeración están obligados a prestar el servicio de portabilidad numérica. Esta se entiende como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que el usuario decida el cambio de operador del servicio de telefonía móvil, de conformidad con los requerimientos establecidos por la Ursec, así como por el Reglamento de Portabilidad Numérica aprobado por Decreto Nro.20/2021 y 104/2021 del 19 de Enero de 2021.

Se constituyó el Comité de Portabilidad Numérica, en la que participaron Dinatel, MIEM, Ursec, Agesic, Telefónica, Claro y Antel, quienes acordaron el reglamento y el cronograma de implementación del Proceso de Portabilidad Numérica, el cual esperamos esté vigente antes de fin de año.

De esta manera, Uruguay reconoce el derecho del usuario de este servicio a conservar su número telefónico, el cual pasa a ser propiedad de la persona y no de las empresas telefónicas. Este nuevo derecho, que se tiene sobre el número que identifica al usuario, pasa a ser parte de su identidad digital, dando libertad al usuario para elegir con qué operador quiere contratar, eliminando la barrera que le impedían conservar el mismo número de teléfono si cambiaba de compañía telefónica. Se otorgó mayor libertad al usuario, y esto va a mejorar la competitividad entre las empresas, en un mercado de libre competencia como el nuestro.

¿Por qué decimos esto? Porque creemos en la libertad. Son las personas las que tienen que decir con quienes quieren contratar sin ningún tipo de barreras administrativas, ni restricciones que le impidan tomar dicha decisión. Decimos que es un derecho porque cambia la propiedad del número de teléfono que, a partir de la LUC, no pertenece más a las empresas de telefonía. En el mundo digital, para inscribirse en cualquier red social, plataforma digital, y hasta para verificar la contraseña de una cuenta digital o bancaria, el proceso de autenticación de la identidad del titular más habitual y seguro es el número de teléfono celular.

Imagínense lo que significaría tener que cambiar en todos los contratos vigentes que uno tiene el número de teléfono, solo porque decidí cambiar de empresa que me presta el servicio. Este es un dato personal que identifica a las personas, como el número de cédula de identidad, que no puede variarse por circunstancias comerciales o de oportunidad. La contratación de los servicios que recibe la gente en un mercado de libre competencia debe ser libre y sin barreras o restricciones.

Si como consecuencia de este derecho que tiene el usuario a conservar su número de teléfono, las empresas mejoran sus ofertas comerciales y el servicio se mejora sustancialmente haciendo más accesible y de mejor calidad para todos, significa que hicimos un aporte en beneficio de la gente que necesita hoy más que nunca tener mejores telecomunicaciones, con mayor cobertura, mejor conectividad, y a mejores precios. El beneficiario final es el usuario, la gente, y ese es un hecho en el que este gobierno de coalición pone el foco, es decir, la universalidad de los servicios en todo el país, sin distinción de precio ni calidad de este.

Este derecho que da la LUC a ser titular de nuestro propio número de teléfono, y que el mismo ya no pertenezca a las empresas de telecomunicaciones, es un derecho que tardó más de 20 años en ser reconocido por ley. En 1997, Singapur fue el primer país en el mundo en donde se instrumentó la portabilidad numérica, y rápidamente se extendió por todo el mundo, menos en dos países en América Latina: Venezuela y Uruguay.

Se han inventado y esgrimido razones para evitar que esto llegue a nuestro país. Se argumentó en forma falsa que iba a generar grandes costos para las empresas de telecomunicaciones, se habló de US$ 6 millones por parte del director de la oposición y que esto iba a afectar a Antel como empresa, quien perdería clientes. No solo son apreciaciones falsas e infundadas, porque Antel apenas va a gastar US$ 365.000 por este proceso, y en relación a las pérdidas de los clientes es imposible solo mediante una encuesta valorar si realmente va a perder usuarios. Por suerte, al ser de los últimos países del mundo en tener la portabilidad numérica, nos permite saber qué pasó durante estos 20 años en otros mercados. La empresa que lidera el mercado, que tiene la mayor cantidad de radiobases, y cobertura territorial, es generalmente la que tiene las mejores condiciones para crecer en un proceso de portación. Como dice el Sr. presidente de la República, el malla oro es quien tiene todo para ganar y liderar, por eso estamos convencidos que si Antel cuida a sus clientes no va tener problemas en seguir liderando el mercado de telecomunicaciones.

El gobierno está para pensar en mejorar los servicios públicos, sean estos bajo la modalidad de monopolio, o los que están en régimen de competencia, como es el mercado de la telefonía móvil. En ese camino estamos; que la gente se sienta libre de elegir, que tenga los mejores servicios públicos que la tecnología puede dar, y que el mismo llegue en forma universal hasta el último rincón del Uruguay. En donde no exista diferencia entre los servicios que tienen los que vivimos en la capital con los que viven en el lugar más alejado del país. Que no exista diferencia de tarifas y que todos podamos acceder a la mejor tecnología disponible en el mercado sin barreras ni restricciones. Esta es la filosofía de este gobierno de coalición que a través de la LUC da derechos para que la gente sea más libre.