Picadora de Carne

Por Consuelo Pérez

El funcionamiento de la Fiscalía, con la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP), genera asombro, inestabilidad y descreimiento en la población, que sigue sometida a la inseguridad, en la calle y en los Juzgados.

Es de público conocimiento que la Justicia dictaminó prisión domiciliaria preventiva por 120 días para un hombre de 66 años que abusaba sexualmente de las dos hijas de su pareja, de 11 y 12 años, en Villa Velázquez, en el departamento de Rocha. El abuso había sido detectado por personal médico en el Hospital de Rocha, al que las niñas concurrieron a hacerse un control de rutina, y una asistente social radicó la denuncia contra el execrable sujeto.

En ese marco se le imputaron los delitos de “abuso sexual especialmente agravado en reiteración real, delito continuado de atentado violento al pudor, y un delito de violencia doméstica especialmente agravado”.

A pesar de lo contundente y demostrado de la aberrante situación, la Fiscalía acordó insólitamente con la defensa del abusador que éste facilitaría una vivienda y una pensión mensual de $15.000 para las víctimas.

Como contrapartida en la “negociación”, el abominable sujeto cumpliría con la prisión preventiva en régimen de prisión domiciliaria en una casa cercana a la comisaría, que, según se afirmó, tiene cámaras de “videovigilancia”.

Como la Policía manifestó que no tiene los elementos imprescindibles para realizar este seguimiento a lo “Gran Hermano”, el sujeto, previo cambio de criterio en la Fiscalía, será, parece, remitido a prisión.

En otro orden de cosas, y a modo de ejemplo, dos personas entraron a una vivienda y robaron diferentes enseres, el pasado lunes 9 de abril en Sarandí del Yí., y la Justicia, “negociación” mediante, los “condenó” a pagar a la víctima del robo en cuotas, y se fueron para su casa.

Los delincuentes, que irrumpieron en la morada del damnificado, deberán “realizar trabajos comunitarios por 90 días, tres veces a la semana durante dos horas diarias, así como pagar –cada uno– $ 2.500 pesos a la víctima en cinco cuotas iguales y consecutivas de $ 500 pesos en un local de cobranza. La primera cuota se vence el próximo 7 de mayo”.

Debemos asumir entonces que, una vez cometido el delito, y si son apresados los delincuentes, para el nuevo Código Penal empieza la etapa de “negociación” lo que permite intuir que se establecerá de ahora en más una escala, que consultarán los aspirantes a realizar un delito, la que indicará los límites y beneficios a los que se podrá acceder a posteriori, de ser capturados.

Si se roba, se devuelve en cuotas, si se viola, se paga con un alquiler. Ya son dos ítems a incluir, independientemente de las “marcha atrás”, o de la resignación de los perjudicados a admitir el “arreglo”.

En un clima de absoluta inseguridad, donde preponderantes “figuras” de la “fuerza política” que nos gobierna, con presencia definitoria en el Plenario que sustituye al Poder Ejecutivo –léase C. Moreira– afirman que “ni la seguridad ni la convivencia son prioridades”, la suerte de los uruguayos está, como nunca, a la deriva, con el aditamento de la contundente afirmación del presidente Vázquez, de que no habrá cambios en su gabinete hasta el final de su mandato, aún en áreas donde la ineficiencia e irresponsabilidad están harto demostradas.

Como las aberraciones son cotidianas y en todos los órdenes con relación al CPP, el entonces fiscal Zubía renunció a su cargo, como es de público conocimiento. El ex fiscal afirmó que una actual Fiscalía Penal es “una máquina de picar carne”.
 
El asunto es que siempre “se pica la carne equivocada”.



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