Otro dislate: las cárceles al Ministerio de Educación y Cultura

Por Elena Grauert

A contrapelo del mensaje que la sociedad necesita, la iniciativa parece querer “desempoderar” el principio de autoridad en un ámbito que se ha convertido en tierra de nadie.

La política y administración de las cárceles, son un enorme problema que incide en la seguridad de nuestro país. La tasa de reincidencia es de casi un 67%: de cada tres personas que son liberadas, dos vuelven a cometer delitos.

Por tanto, el carcelario no es un tema ajeno a la seguridad. Y dada la fractura que se dio con la aplicación del nuevo CPP entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación, parece un verdadero disparate que, terminando un período electoral, a menos de quince días del receso parlamentario, se pretenda aprobar y poner en marcha un cambio en quiénn tiene la dirección de cárceles.

La intención no es entrar en el fondo del asunto, dado que sin duda es plausible que se debe transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), creado por la ley 18.719 del 27 de diciembre de 2010, que pasó las cárceles de la órbita de la Dirección Nacional de Policía a la de ese nuevo instituto bajo el marco del Ministerio del Interior, cuya instrumentación recién culminó en 2015 (¡cinco años!).

El proyecto a estudio del Parlamento crea un órgano descentralizado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Es evidente que el mensaje que se pretende dar sacándolo del Ministerio del Interior sigue la teoría que ha primado en los últimos lustros y uno de cuyos máximos exponente es el penalista argentino Raúl Zaffaroni, donde los delincuentes son víctimas de la sociedad y que, por ello, de alguna forma deben ser recompensados. Teoría que —dicho sea de paso— deja de lado a las víctimas y que no termina de dar un cierre a la defensa integral de los derechos humanos, dado que la libertad, la seguridad y la paz son derechos de todas las personas que cumplen con sus deberes también.

Si bien es cierto que la mayoría de la población penitenciaria proviene de los estratos socialmente más vulnerables, hasta la fecha las cárceles son tierra de nadie. El proyecto de ley lo que termina proponiendo no es corregir la falta de control y el grado alto de criminalidad intracarcelaria, sino que —por el contrario— al ponerlo bajo la órbita de un ministerio cuya competencia está a años luz de los temas de seguridad, lo que hace es dar nuevamente el mensaje advero a la necesidad de autoridad.

Por supuesto que hay que humanizar las cárceles; por supuesto que son un horror los crímenes que allí se cometen. Pero el mensaje que se debe dar es de orden, empoderando a la vigilancia, con un férreo control de poder judicial, naturalmente, y quizás creando cárceles más pequeñas y grupos interdisciplinarios de seguimiento, así como incentivos para empresas que tomen ex presos para su reinserción.

Pero sacar el organismo descentralizado de la esfera del Ministerio del Interior, que tiene como competencia primordial la seguridad, parece ser otra medida fuera de contexto, en un tema que es de enorme sensibilidad, en una sociedad que está crispada por haber perdido el derecho a vivir en paz y sin miedo.

Sin duda las cárceles son parte de la política de seguridad y hay que invertir en ellas para disminuir al máximo los niveles de reincidencia, humanizándolas. Pero ponerlas bajo la jurisdicción de un Ministerio que tiene un cometido absolutamente ajeno al de seguridad, parece un total contrasentido, insistiendo en un camino que afecta mucho más los sectores más vulnerables que no pueden pagar por seguridad.



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