Otra infamia de la salud pública

A veces, una gestión –sea técnica, administrativa, política– contiene aciertos, otras veces comprende errores. Aunque sea una u otra cosa, los episodios parecen normales en el contexto general, o en el estudio estadístico y transcurren sin trascendencias.

Pero en ciertas oportunidades, en muchas oportunidades, los errores (los horrores) que registra la salud pública provocan grandes fastidios, además de las temidas consecuencias.

Y esto parece el guión de una película de terror, a pesar que la realidad es más tenebrosa. Esto parece un cuento olvidado de Edgar Allan Poe.

He aquí un drama imperdonable: un paciente esperaba atención en la policlínica que Asse ha instalado en La Unión, cuando acusó un infarto. Para reanimarlo, se necesitaba un desfibrilador. Pero no había.

Un policía que custodiaba el centro corrió 200 metros hasta un supermercado para obtener prestado un Desfibrilador Externo Automático.

Este instrumento médico es de uso obligatorio en superficies (públicas o privadas) con afluencia de personas.

Finalmente, el paciente falleció. Cuando se iniciaron los síntomas, llamaron a la emergencia móvil de Asse, y la ambulancia demoró 27 minutos en llegar. A su arribo, el personal de la policlínica estaba asistiendo al hombre con el Dea del supermercado.

Una ley aprobada en 2008 establece la obligatoriedad de la existencia desfibriladores cargados en las ambulancias.

He aquí otra infamia; infamia por la cual cualquier jerarca debe renunciar: la gerenta general de Asse, Alicia Ferreira, dijo a El Observador que en ese centro de salud había un Dea años atrás, pero ahora no tiene. Y no tiene porque es una policlínica que funciona de lunes a viernes, “ocho horas por día” y prefieren tener desfibriladores en lugares que están abiertos las 24 horas.

Y agregó con indignante frialdad: “el criterio es que haya (Dea) en lugares donde circulan personas todo el día; por eso en la policlínicas que no funcionan 24 horas no hay”.

“No tiene sentido que esté cerrado bajo llave y que no tengan cómo abrirlo. Esa es la idea: ser más racionales en el uso de este tipo de recursos”.

De acuerdo con la ley, los lugares públicos o privados en donde circulen más de 1.000 personas por día deben tener un Dea y personal entrenado para utilizarlo. También señala que “en aquellos lugares donde se desarrollan actividades de riesgo” es recomendable que haya por lo menos uno.

La salud pública continúa, sin duda, en un profundo caos, que será muy difícil de solucionar. Los responsables no aparecen nunca, pero los pacientes sufren y mueren.



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