Omisiones del Frente Amplio promueven la inseguridad (I)

En noviembre del 2015 e invocando una “necesidad urgente”, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para regular la actividad de los guardias privados que custodian los comercios. Pasaron más de dos años y la mayoría oficialista no votó aún esa legislación.

El Frente Amplio, que tiene mayoría absoluta en ambas Cámaras y que por lo tanto puede, si quiere, aprobar una ley en 24 horas, no ha prestado suficiente atención a un proyecto necesario para contribuir a mejorar la respuesta del Estado en materia de seguridad pública: la regulación de la actividad de los guardias privados. En noviembre de 2015 e invocando una “realidad que impone la necesidad urgente de contar con una herramienta legal que regule los diferentes aspectos de la seguridad privada”, el gobierno remitió un proyecto de ley que tiene la característica de compilar una serie de normas dispersas sobre las empresas que prestan servicios en la materia y que mejora las exigencias para la formación del personal que trabaja en esa actividad.

Hay aproximadamente 25 mil guardias en la actividad privada, de los cuales sólo unos 9 mil portan armas, que son los vinculados a la custodia de remesas. El resto no está armado ni está preparado para la autodefensa, lo que las cámaras de vigilancia permiten confirmar cada vez que se filma un atraco. Una de las ventajas del proyecto de ley es que precisamente establece condiciones para que ese personal pueda prepararse en el uso de las armas, con lo que su actuación podría significar una presencia disuasoria en los comercios, asolados por los asaltos.

Pero la desidia y la irresponsabilidad de los legisladores oficialistas, sumadas a la inercia del Ministro Bonomi –quien es responsable de la situación, porque alcanzaría con que le reclame a su bancada para que la iniciativa se convierta en ley– hacen que el proyecto no se termine de sancionar. Fue aprobado en una de las Cámaras pero vegeta en la otra, a dos años y medio de haber sido enviado al Parlamento.

Como se advierte, se trata de una grosera omisión. El Ministerio aduce que no tiene personal suficiente como para custodiar los comercios, pero no hace nada para aprovechar al máximo el servicio de los guardias privados. Mientras tanto, los almacenes de barrio, los restaurantes y los supermercados se han convertido en ámbito preferido de los delincuentes, con un riesgo evidente –los hechos así lo demuestran– para la vida de clientes y comerciantes. Una completa irresponsabilidad.



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