Omisión del Estado con la propaganda sobre el consumo de marihuana.

En vez de aturdir al público con propaganda a favor del Gobierno, el Estado debe cumplir con la ley del cannabis que establece la obligatoriedad de hacer campañas para advertir sobre los riesgos de la adicción.

Las campañas publicitarias de índole electoral se han adelantado en Uruguay, ya que la publicidad gubernamental –primero a favor del sistema de cuidados y ahora para promover la polémica gestión de Ose– no están concebidas para prestar servicios a los ciudadanos sino para promover los supuestos éxitos oficiales.

Las tandas son además abusivas y como se emiten en los horarios centrales, resultan ser más cargosas de lo aceptable. El gobierno se ampara en la ley No. 19.307 de 2014, conocida como de servicios audiovisuales o ley de medios, que la habilita a difundir sus cometidos.

Pero esa norma es posterior a la ley No. 19.172 de marihuana o de regulación del cannabis, de diciembre de 2013, que no se cumple pese a que obliga al Estado a hacer propaganda para advertir sobre los serios riesgos que el consumo de marihuana provoca a la salud.

Sostiene el artículo 12 de esa norma que “la Junta Nacional de Drogas estará obligada a realizar campañas educativas, publicitarias y de difusión y concientización para la población en general respecto a los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de drogas, para cuyo financiamiento podrá realizar convenios y acuerdos con las empresas del Estado y el sector privado’’, lo que notoriamente no se cumple, ya que hubo hace ya meses algunos avisos pero sin la persistencia machacona con que ahora se abusa de los medios de comunicación para referirse a otros temas.

Se trata de una omisión muy elocuente y grave. Por un lado, se demuestra que en la actual campaña de propaganda hay una clara intención de índole política y por el otro queda confirmado que el Gobierno descuida sus obligaciones legales en temas de enorme repercusión en la salud de las personas.



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