En la edición del semanario Búsqueda de ayer jueves 25 se informa que autoridades del Ministerio Economía y Finanzas (MEF) concurrieron al Parlamento para dar su opinión sobre un proyecto presentados por los senadores de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano.

El proyecto de los senadores cabildantes busca consagrar un procedimiento para la reestructuración de las deudas de las personas físicas que, en rigor, es un concurso de acreedores para personas físicas que carezcan de patrimonio o éste sea solamente la vivienda familiar.

El procedimiento, de consagrarse, tendría dos etapas: una administrativa, preceptiva, gestionada por el Área de Defensa del Consumidor del MEF, y otra judicial si es que no se pudo alcanzar un acuerdo en la etapa administrativa o un acreedor se haya sentido perjudicado por el acuerdo alcanzado en la etapa administrativa.

Para acceder al derecho a la reestructuración de su deuda, el deudor debe carecer de culpa ("inculpable") y de buena fe y debe carecer de bienes o que solo cuente con "una única vivienda, con un valor equivalente al establecido para su incorporación como bien de familia y/o sus ingresos anuales sean menores o iguales a UI 120.000".

Como es fácil de advertir, el techo que coloca el proyecto no es tan bajo: UI 120.000 son más de $600.000 al año, o sea, más de $50.000 por mes.

Dejando de lado el detalle que, de convertirse en realidad el proyecto, el Área de Defensa del Consumidor deberá contar con muchos más recursos que aquellos con los que cuenta, el mismo adolece de una profunda falla de fondo: parte del supuesto de que el deudor es víctima y el acreedor es victimario. Es cierto que reconoce que puede haber deudores culpables, pero en lo esencial entiende que el acreedor es el malo de la película y debe pagar por ello. Pagar moralmente pero -más importante- pagar literalmente, siendo forzado a alcanzar un acuerdo con su deudor (el juez puede imponerle un acuerdo) y, encima, pagar el contador que asesore al juez en diferentes fórmulas de pago. Esa "culpabilidad intrínseca" del acreedor la señala a texto expreso la exposición de motivos del proyecto: "coincidiendo con la jurisprudencia y doctrina brasileña podemos concluir que alguna responsabilidad debe asumir quien contribuyó a provocar la crisis patrimonial individual. Es así que procuramos que se conceda al deudor, o en su caso la imponga el Tribunal, una propuesta de pago que pueda resultar en alguna medida desventajosa para dichos acreedores".

Este proyecto, como el del diputado Daniel Peña del Partido de la Gente sobre usura (evidentemente, el diputado no entiende el concepto de "precio del dinero"), abrevan en nociones medievales, prácticamente precapitalistas, que hoy, en el estadio de desarrollo de la economía capitalista que vivimos, sólo puede conducir al encarecimiento del crédito para los segmentos más vulnerables de la población. Las financieras no son el mercader de Venecia y, como se ha repetido hasta el cansancio, el crédito más caro es aquel al que no se accede.

En palabras menos tajantes, más benevolentes, lo señaló el Subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza: "Volvemos a decir que desde el ministerio debemos bregar por buscar los equilibrios en este tipo de situaciones. Es decir que por demasiadas regulaciones, registraciones, limitaciones o cuestiones jurídicas, como en este caso, no nos pasemos al otro extremo, en el sentido de limitar la posibilidad de crédito al tipo de público que accede al crédito de las empresas no bancarias (...) y que se restrinja ese crédito y terminen operando en situaciones menos beneficiosas, con financistas no controlados o directamente con usureros".

En definitiva, lo del título: no es por ahí.