Correo de los Viernes - Mensaje a la Justicia: rescatate

Mensaje a la Justicia: rescatate

Por Santiago Torres

La fe ciega en el poder mágico de las leyes y normas en general está en el ADN del oficialismo. Pero éste cruza la línea que separa la ingenuidad del cinismo cuando se impulsan leyes para cuya implementación no se prevén recursos. Tal el caso de la denominada “Ley de violencia de género”, cuya implementación requiere 11 nuevos juzgados para los que el oficialismo niega los recursos financieros al tiempo que exige su inmediata aplicación.

El año pasado se votó la referida ley. Haciendo abstracción de sus contenidos (daría para toda otra columna), su implementación supone la creación de 11 juzgados especializados en violencia basada en género que, según manifestó el Poder Judicial en su comparecencia ante el Parlamento, implican la creación de más de 500 cargos entre jueces, defensores de oficio, actuarios y funcionarios administrativos, además de la necesidad de reforzar el Instituto de Técnica Forense. Todo ese paquete que supone la aplicación de la ley, ronda los $ 940 millones, algo así como U$S 30 millones… ¡que no se previeron! Efectivamente, el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el gobierno no prevé ni un peso más para el Poder Judicial.

Recientemente, dos actores de peso volvieron a advertir sobre esta situación. Por un lado, el Dr. Eduardo Cavalli, Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, en una entrevista que le efectuara hace pocos días “El Observador”, señaló textualmente:

“Los números son estos: cada 14 minutos hay una denuncia de violencia de género. Esos son 40 mil denuncias anuales. La ley prevé además otro tipo de violencia como, por ejemplo, gritarle a un una mujer que sea arbitro de fútbol, por lo que se va a agregar una cantidad de denuncias que ahora no existe. Pero además van a ser competentes en casos de abuso sexual infantil. Estimamos unas 120 mil audiencias anuales. Cada juez puede hacer cuatro diarias, y además se necesitan peritos, psiquiatras y psicólogos. ¡Es descomunal!”.

Y ante la pregunta —obvia pero sensata— de si la ley es efectivamente aplicable, el magistrado respondió: “Es muy cara, habría que darle un presupuesto enorme. Por eso miro con mucha reserva que sea aplicable. Habrá que hacer lo mejor posible”.

Posteriormente, el pasado miércoles, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak manifestó a los medios que “se nos hace enormemente complejo funcionar, mantener el funcionamiento, y no le digo nada de crear nuevas sedes a los efectos de, por ejemplo, implementar la ley de violencia contra la mujer basada en género”, agregando que se aspira a que “se haga una implementación decente de la ley de violencia basada en género a los efectos de que tenga impacto con la realidad, de que no sea un cumplimiento formal de la ley sino que efectivamente dé los resultados deseados y para eso lamentablemente necesitamos fondos presupuestales”.

Tenga presente el lector que, luego de votada esta Rendición de Cuentas, no habrá incrementos de gasto por dos años, ya que en 2019, por ser año electoral, la Constitución lo impide y en 2020 se discutirá el nuevo Presupuesto que recién entrará en vigencia el 1º de enero de 2021.

Frente a este escenario de virtual estrangulamiento financiero del Poder Judicial, que hasta parece hecho a propósito, legisladores de la oposición han propuesto que se vote una ley aplazando por dos años la aplicación de la nueva legislación. El oficialismo, empero, no está dispuesto a ello. En otras palabras, exige la aplicación de la ley pero no vota los recursos que lo permitan. ¿Puede creerse tamaño despropósito?

Creer en el poder mágico de las leyes para cambiar la realidad es una cosa, pero votar leyes y negarse a aprobar recursos para su aplicación ya supone un salto cualitativo difícil de definir con palabras. Al menos con palabras amables...