Mal para los "cincuentones" y peor para el país

El proyecto del Poder Ejecutivo que pretende solucionar la problemática previsional de algunos “cincuentones”, no arregla bien la situación de éstos y, al mismo tiempo, compromete —aún más— la ya deteriorada salud fiscal del país.

Ya hemos abordado en varias ocasiones el tema de los “cincuentones”, por lo tanto no haremos un análisis pormenorizado del problema que los afecta (en rigor, sólo a algunos de ellos).

Simplemente y a modo de síntesis, digamos que una parte de hoy tienen una edad en el entorno de los 50 años es que si se jubilan con los requisitos mínimos de edad y servicios, entre la jubilación que les correspondería por el sistema mixto (BPS + AFAP) y la que les hubiera correspondido por el régimen de transición (régimen creado por la misma ley del año 1995, con mejoras sustanciales en las jubilaciones prestadas por BPS) si hubieran permanecido en el mismo, entonces salen perdiendo. Reiteramos: no son todos, son algunos solamente.

Adicionalmente, digamos también que el régimen introducido en la ley de 1995 y que comenzó a regir en 1996, fue diseñado para una edad de retiro de 65 años. Fue el primer gobierno del Frente Amplio el que, a impulsos del actual Ministro Murro, entonces presidente del BPS, que se bajaron los requisitos etarios para la jubilación (un disparate en el marco de una población crecientemente envejecida. Pero si quienes hoy son “cincuentones” retrasan unos años su retiro y, en vez de hacerlo a los 60, lo hacen a los 65, esas diferencias desaparecen. Un estudio del PIT-CNT indica que la edad promedio de retiro es de 64 años, así que no se advierte el dramatismo que se le quiere dar a la situación.

Y otro sí: nada tienen que ver las AFAPs con este tema, como con mala fé se pretende hacer creer. El problema surge de una reglamentación interna del BPS que no computa la totalidad de los aportes realizados por esos trabajadores antes de 1996.

Detectado el problema, el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un primer proyecto de ley por el cual se interpreta que los servicios realizados antes de 1996 se considerarán de acuerdo al régimen de transición, por los cuales se aportó al BPS por el salario completo. De esta manera se mejora el cálculo jubilatorio por el pilar de reparto, aunque no absorbe toda la diferencia con los que se jubilan por el régimen de transición.

Como para dar una solución completa se requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, el diputado Rodríguez elevó a éste un segundo proyecto para que lo hiciera suyo. El mismo, básicamente, contempla que este grupo de ciudadanos elija qué régimen le conviene más al momento en que se va a jubilar, lo que es de toda lógica y va en completo beneficio del futuro jubilado.

Por supuesto, como la iniciativa partió de un diputado de la oposición, el Poder Ejecutivo la ignoró por completo y dejó pasar el tiempo sin tomar decisión alguna. Pero el representante de los trabajadores en el directorio del BPS elaboró otro que, posteriormente, fue reelaborado por el Poder Ejecutivo, modificándole algunos aspectos importantes, sí, pero que en esencia obligan a los “cincuentones” a decidir ya, con demasiada antelación, por qué régimen desean jubilarse. Para aquellos que opten por abandonar el régimen mixto, sus aportes a la AFAP se transferirían íntegramente a un fideicomiso, que administrará esos fondos hasta que no quede ningún “cincuentón” actual más.

La propuesta del Poder Ejecutivo tiene varios problemas, el primero de los cuales acabamos de señalar. A tantos años de distancia, es muy difícil saber qué régimen les resultará más conveniente. Era mucho más razonable —como propuso el colorado Conrado Rodríguez— que se les permitiera optar en el momento mismo de tramitar su jubilación, con todas las cartas a la vista.

Otro problema del proyecto del Ejecutivo es que incrementa los costos administrativos sin necesidad. ¿Para qué crear un fideicomiso, que obviamente tendrá un costo de administración de esos aportes que se transferirán desde las AFAPs si, precisamente, éstas ya operan como un fideicomiso y no habría que pagarles nada, porque ya cobraron por la administración de ese dinero?

Finalmente, está el tema del costo para el Estado que tendría esta “solución” que propone el Poder Ejecutivo. Con las finanzas del BPS cada vez más comprometidas y un monumental agujero fiscal que no se reduce pese a los sucesivos ajustes practicados por el gobierno, es un tema de primera magnitud. Y acá es donde empiezan a aparecer diferencias abismales en las estimaciones.

El BPS había realizado en 2016 una estimación inicial para unos potenciales 44.000 beneficiarios que rondaba los U$S 2.100 millones, pero el proyecto del Poder Ejecutivo comprende un universo mucho mayor, que puede llegar a ser casi el doble de aquél. Por ese motivo, tanto el presidente de la Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP), economista Sebastián Peaguda, como el ex director de la OPP en los gobiernos colorados, contador Ariel Davrieux, estiman en más de U$S 4.000 millones en un lapso de 20 años. Davrieux advierte que si en un futuro se incluye a quienes cumplieron 50 después del 1º de abril de 2016 (que es la fecha umbral que establece el proyecto), el costo puede incluso alcanzar los U$S 7.000 millones. Para el PIT-CNT, en cambio, el costo ni siquiera llegaría a los U$S 1.500 millones, pero es una estimación basada en sólo 50 mil beneficiarios, lo cual es absurdo cuando desde el propio PIT-CNT se está reclamando que el proyecto amplíe su cobertura hasta abarcar a quienes ya se han jubilado.

Por ese motivo —y con toda razón— el diputado Conrado Rodríguez ha reclamado que el Poder Ejecutivo y el BPS trasladen a los legisladores sus propias estimaciones. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron al diario “El País” que en el gobierno se manejan números muy similares a los del Cr. Davrieux, lo cual —de ser cierto— hablaría de una monumental irresponsabilidad del Poder Ejecutivo para con la credibilidad fiscal del país.



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