Correo de los Viernes - Los tratan como si fueran plagas

Los tratan como si fueran plagas

Por Ruth Furtenbach

La Intendencia reacciona desde el ridículo al intentar demoler los paradores de las playas

Generó polémica la noticia que trascendió en la prensa este lunes pasado, donde se dijo que la Intendencia Municipal de Montevideo pretendía demoler los paradores de la playa Pocitos, debido a que son construcciones que afectan las dunas y que fomentan el refugio de personas en situación de calle. Todo lo cual causa problemas que parecerían afectar, según se expresó, la obtención de la Certificación ISO 9.001 de las playas que otorga el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Desde hace cierto tiempo, personas en situación de calle pernoctan en algunos de los dos paradores de la playa de Pocitos, teniendo sus concesiones vencidas tanto el parador que se ubica en la Rambla y Pagola como el de la Rambla y Avenida Brasil.

Más allá de las discrepancias surgidas entre el Alcalde Andrés Abt y algunos jerarcas municipales, quienes salieron luego a desmentir inclusive, el planteo de este tema por parte de uno de los integrantes del “Comité de Playas” durante una reunión del Concejo del Municipio CH, lo que indigna por sobre todas las cosas, es que se visualiza una tendencia creciente en un gobierno que se precia de ser “socialista”, a tratar a ciertos indigentes sin techo como si fueran plagas.

En efecto, las técnicas de relocación de plagas de aves, eliminan el lugar o “generan una barrera imposible de superar por el ave plaga, obligándola a buscar nuevos lugares de anidamiento y protegiendo el lugar tratado por varios años sin mostrar signos de deterioro”, según la descripción de un aviso de una empresa que se dedica a su exterminio.

Lo cual nos hace pensar en las vallas que dispusieron colocar recientemente a tales efectos las autoridades del Banco República en la Sucursal 19 de junio, ubicada en la Avenida 18 de Julio entre Magallanes y Minas. En vez de los “pinchos” que se colocan para evitar la instalación de plagas animales, se colocaron “vallas” para evitar que las personas en situación de calle se sigan instalando y durmiendo en el lugar. Según publicó el diario El País el 17 de abril pasado, por las características del edificio, que posee un techo que permite resguardarse, era el lugar elegido por varias personas en situación de calle. Algunas noches llegaban a ser más de 20 los que acampaban allí con colchones y cartones. Señalan que esta medida se implementará todas las noches una vez que la sucursal del banco cierra sus puertas y se extenderá hasta la madrugada.

Pero lo grave, es que no se trata de “plagas animales” sino de “seres humanos” en problemas que necesitan asistencia y orientación, y no ser corridos para otro lugar y así sucesivamente hasta que algún día desaparezcan. En la mayor parte de los edificios privados están adoptando medidas similares, a través de la colocación de cercas, pero es inconcebible que esa sea la solución del Estado, cuando tiene la obligación de velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones de sus habitantes y tiene un ministerio como el MIDES donde entre sus cometidos figura: “Desarrollar acciones para la efectivización de los derechos de las y los ciudadanos, en particular de aquellos que se encuentran en situaciones de vulneración, a través de la promoción de la interinstitucionalidad que favorezca la integralidad de dichas acciones y el fortalecimiento de la matriz de protección social”.

“Interinstitucionalidad” que falla cuando vemos ejemplos como las medidas antes señaladas, o cuando el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dice que: “hay que buscar una solución para las personas que están en situación de calle porque muchos de ellos son individuos que salieron de la cárcel y actualmente no tienen muchas opciones de vida (...) Una persona que está en situación de calle ...¿cómo hace para sobrevivir? ¿a cuánto está de cometer un delito o un robo? Y después termina en prisión. Es un debe que tenemos que resolver", según publicó El País el 21 de noviembre del año pasado.

Según un relevamiento realizado por el por el Mides el 9 de abril de este año, la “población en situación de calle” aumentó un 18,4%, un 37% declara tener problemas de salud mental o haber estado internado por eso en el pasado, 83% declara consumir alguna sustancia, 59% son consumidores problemáticos (diario). Las sustancias más consumidas son: alcohol (68%); pasta base (60%); marihuana (50%) y cocaína (18%). Sólo el 4% de los consumidores está actualmente en tratamiento y 40% cuenta o contó en algún momento con tratamiento. El 82% declara haber estado en instituciones totales (privación de libertad; instituciones de salud mental y, en menor medida, en INAU por amparo).

Todos problemas que no se solucionan con “evitar” que los indigentes sin techo se instalen en un lugar, o espantándolos hacia otros lugares, sino con políticas sociales adecuadas, para lo cual “la atención de personas en situación de calle” del Mides actúa de manera descoordinada y nada efectiva, dando lugar a acciones aberrantes por parte de otras instituciones del Estado, que comprometen la dignidad humana.

La dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los demás seres vivos, siendo la persona un fin en sí mismo, y no un medio o instrumento para usos de otros individuos, lo que lo convertiría en una cosa, como afirmaba Kant. La dignidad es un valor inherente a la persona humana y como tal, un principio fundamental de los Derechos Humanos, habiendo sido consagrada en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que ratificó nuestro país y que se integran también a nuestra Constitución por la vía del art. 72, el cual reza: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma Republicana de Gobierno”.