Empecemos por decir lo que no es el Instituto Nacional de Colonización:

• No es un instituto para la reforma agraria, ninguna reforma agraria se llevó a cabo respetando los derechos adquiridos por los propietarios originales de la tierra, antes bien suelen llevarse a cabo en el marco de gobiernos totalitarios para quienes el fin justifica cualquier medio. No es el caso de la ley 11.029 ni sus modificaciones posteriores, todas encuadradas en el Estado de derecho respetando la propiedad privada.

• No es un MIDES rural, comprar tierras y luego adjudicarlas para sacar a la gente de la pobreza sería el programa con fines sociales más caro de la historia y del mundo. Más aún, sería el programa social más injusto jamás visto, dónde cada beneficiario recibiría recursos públicos con los cuales se podría atender las necesidades básicas de otros miles de postergados sin esa suerte de bendición estatal.

• No es una bandera política ni un fundamentalismo partidario para reivindicar las mejores realizaciones en la historia de una colectividad política. Como colorados y batllistas lejos estamos de reivindicar banderas integristas por más vínculo que tengan con la mejor historia y los hombres más significativos del partido de Batlle y Rivera.

Descartados los extremos anteriormente mencionados, en la edición de la semana pasada reclamamos la vigencia de aquel instituto ideado y promovido por don César Mayo Gutiérrez y don Antonio Rubio en la década del cuarenta del siglo pasado. Superados los objetivos iniciales, entendemos que se trata hoy de un versátil instrumento al servicio del desarrollo agropecuario, apoyando la permanencia en actividad de tantos productores medianos y pequeños que en pleno auge del agro negocio han perdido economía de escala, evitando de ese modo la migración campo ciudad. En otras palabras, el nuevo foco debe apuntar a mantener la matriz productiva y social de la campaña haciendo foco en la familia rural y su afincamiento en el mismo medio rural.

Es cierto que el instituto le debe al país su propia "rendición de cuentas", no solo en términos financiero-contables, sino a través de una evaluación de carácter económico y social. Así me lo hacía ver un distinguido correligionario en los intercambios de opiniones que se han dado estos días. A partir de esta evaluación deberá reorientar los lineamientos estratégicos de su accionar futuro. Reclamo este que no solo lo debe hacer el INC sino toda la institucionalidad agropecuaria, no en vano hemos reclamado desde buen tiempo atrás una revisión de esa rica red institucional que atiende a la agropecuaria en toda la extensión de sus rubros. Un análisis de este tipo necesariamente debería ser realizado por una comisión de expertos a semejanza de lo ocurrido con la seguridad social. Es decir, no solo Colonización debe someterse a un análisis desapasionado, objetivo y con visión de futuro.

Lo que no puede ocurrir es que ante la desconfianza o los cuestionamientos se resuelva dejar a una institución sin presupuesto condenándola a vegetar como paso previo a su cierre. Recurrir a estas artimañas es la peor forma de cerrar un instituto, arrastrándolo en un proceso de frustraciones y conflictos para descrédito de la propia institucionalidad pública.

Lo que le ocurre hoy al INC a través de la Rendición de Cuentas ya lo sufrió el INIA, cuando sin aviso previo ni justificación expresa se intentó en el pasado proyecto de ley de presupuesto trastocar todo el sistema de cofinanciamiento de la investigación agropecuaria, afectando su financiamiento al sustituir lo dispuesto en su ley madre (acordado en el histórico documento de la Concertación Nacional Programática a la salida de la dictadura) dónde se establece que su financiamiento será compartido por igual entre la producción y el Estado, minimizando la participación de este último. Escribimos extensamente denunciando aquella situación, finalmente en la negociación parlamentaria se laudo dándole una vigencia de cinco años a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo.

Decíamos entonces, lo repetimos ahora, detrás de iniciativas de este tipo, dejar sin "combustible" a las instituciones públicas, están quienes descreen de esa misma institucionalidad, posición tan ideológica como la de quienes reclaman la omnipresencia del Estado en todos los ámbitos de la economía.

La hora exige defender el presupuesto del INC a cuenta de una próxima evaluación económica y social de sus logros e inmediata adecuación de sus objetivos, también económicos y sociales, en beneficio de un desarrollo integrado y armónico de las estructuras productivas que participan hoy de los distintos rubros que integran el agro negocio, sea para la exportación o el mismo mercado interno.