No deja de llamar la atención que a pocos días de que la comisión de referéndum contra la LUC entregara las firmas a la Corte Electoral, la Asociación de Defensores de Oficio denuncien ante la Suprema Corte de Justicia la comisión de abusos por parte de la Policía que se habrían agravado luego de entrar en vigencia la LUC, según informara el semanario "Búsqueda" ayer.

Uno de los puntales de toda teoría "conspiranoica" es que la gran prueba de su realidad es, precisa y paradójicamente, la falta de pruebas. El complot es tan efectivo que elimina las pruebas.

A poco de ello quedó la Asociación de Defensores de Oficio al denunciar, por un lado, "un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales" pero, por otro, señalar que se encuentran "con el obstáculo de la falta de pruebas y el poco interés en la Fiscalía de investigar estos excesos debido a que está en juego la suerte de la investigación que está llevando a cabo".

Y si bien los abusos vienen de antes, los abogados de la Asociación señalan que la entrada en vigencia de la LUC agravó la situación. "Claramente, hay una relación entre el aumento de los abusos y la entrada en vigor de la ley", señaló el presidente de la gremial de los defensores de oficio, Joaquín Gamba, al semanario "Búsqueda".

Naturalmente, no estamos diciendo que no haya abusos policiales. Desafortunadamente, los hay, los hubo y los habrá. En Uruguay y en todo el mundo. Ello -desde ya- no es consuelo ni expresión de espíritu resignado. El abuso debe condenarse y sancionarse, como corresponde.

Pero llama la atención dos cosas. Si los abusos se registran de antaño, uno se pregunta por qué la Asociación de Defensores de Oficio no intentó plantear el tema anteriormente, no solo ante la Suprema Corte de Justicia sino ante su contraparte, la Fiscalía General (es grave el cargo que se le hace a los fiscales también en el documento), los sindicatos policiales y el propio Ministerio del Interior. Y llama la atención también que se mencione a la LUC, cuando es evidente que no ha sido la causa de los abusos sino, a lo sumo, una factor "agravante".

Como ya señalamos, los abusos policiales deben combatirse. Éstos, además de suponer la violación de garantías constitucionales y legales, deslegitiman el accionar policial. Pero entonces todos pongamos mayor celo en ello, incluidos los defensores de oficio, que deberían haber tomado cartas en el asunto hace muchos años. Tanto como cuidar que sus planteamientos -legítimos- no queden casualmente asociados a una movida política de la oposición.