Libertad "ma non troppo"

Por Santiago Torres

La batalla contra las pretensiones monopólicas de ANTEL ha sido ardua. De hecho, durante años, la telefónica estatal ejerció el monopolio en la trasmisión de datos, sólo quebrado en la modalidad inalámbrica por la aparición de los prestadores privados de telefonía móvil. Pero en lo que refiere a la trasmisión de datos vía física, ANTEL ha peleado con uñas y dientes la conservación de su chacra, circunstancia sobre la que he escrito en CORREO en varias oportunidades.

Por mucho tiempo ANTEL dio esa pelea sin el más mínimo marco legal que legitimara el ejercicio de ese monopolio. Y para mantener esa situación de facto —como era de esperarse— contó con la complicidad de los gobiernos del Frente Amplio.

Así, en mayo de 2012, en una comparecencia ante el Parlamento a pedido del senador José Amorín, el entonces Ministro de Industrias Roberto Kreimerman pegó volteretas discursivas para justificar que no se autorizara a los prestadores de televisión para abonados vía cable coaxial (cable-operadores o “cableros”) a brindar el servicio de trasmisión de datos (internet) mediante la modalidad llamada “cable-modem”. Su argumentación, en síntesis era que si ello se autorizaba, los cableros terminarían brindando una tecnología obsoleta al mercado corporativo y que si se autorizaba a cualquier privado dar tecnología de punta (fibra óptica), también ocurriría lo mismo. Invito a leer las explicaciones del Ministro en la segunda parte de esta columna del 20 de mayo de 2012.

Como expresé en esa ocasión, toda modalidad de negocio que hiciera peligrar la posición dominante de ANTEL en la trasmisión de datos por vía física (cable de algún tipo), sería irremediablemente vetada por el gobierno para defender los intereses corporativos de ANTEL. Y si se hubiera podido usar la cuerda de colgar la ropa para trasmitir datos, también habrían vetado ese negocio porque le competiría a ANTEL en “su” chacra de los cables.

Es que en ese tiempo ANTEL estaba incursionando en una de sus inversiones más disparatadas: el tendido de fibra óptica a los hogares a un costo de U$S 500 millones. ¿Por qué disparatada? Lo expliqué también en una columna en CORREO: en la mayoría de los países, lo habitual es que la fibra óptica la contraten clientes corporativos que trasmiten grandes paquetes de datos (por ejemplo, quienes trabajan en la edición digital de videos y películas), en tanto los hogares usualmente contratan internet vía cable coaxial (el de la tv cable), que permite brindar acceso a internet de buena calidad, con rapidez, aprovechando una red ya existente. Incluso la empresa Claro realizó a su costo un cableado con fibra óptica (U$S 200 millones) que la URSEC —abogando por ANTEL— le ha impedido explotar hasta ahora.

El tema es que el monopolio era inconstitucional, ilegal, y antirreglamentario (además de inconveniente y peligroso). El gobierno, en realidad consciente de la fragilidad jurídica del monpolio, anunciaba también por esos días su intención de consagrarlo mediante una ley.

Pues bien: para lograr ese salvataje jurídico, incluyeron el monopolio en la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como “Ley de Medios”. Así, por un lado prohibió a los cableros brindar trasmisión de datos, al tiempo que dejó afuera de esa prohibición a la televisión vía internet (IP TV), con lo cual los escasos proveedores de internet (entre los cuales Antel tiene posición dominante) podrían brindar servicios de televisión por fuera de la ley. De esa manera, allí están los canales que ofrece Vera TV (que es de ANTEL) en competencia directa con los cableros, pero sin permitirles a éstos competir con ANTEL en el mercado de trasmisión de datos. Y por si con ello no alcanzara, se consagró que aquellos que quieran contratar infraestructura de televisión o radiodifusión abierta por no contar con ésta, sólo podrán hacerlo con ANTEL o la radio y televisión estatales.

Finalmente, los tres cable-operadores montevideanos interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la prohibición de brindar servicio de trasmisión de datos. Y el primer recurso sobre el que la Suprema Corte de Justicia falló fue el interpuesto por Montecable, haciéndolo a favor de la empresa. Es de prever que la Corte falle en idéntico modo en casos también idénticos.

Uno tendería a pensar, entonces, que el fallo histórico de la Suprema Corte consagra definitivamente la libertad de brindar servicios de trasmisión de datos... ¡No tan rápido! ¿Desde cuándo una declaratoria de inconstitucionalidad conmueve al frenteamplismo gobernante?

Un gobierno que fuera, a un tiempo, sensato y apegado a Derecho, enviaría de inmediato un proyecto de ley al Parlamento derogando las disposiciones declaradas inconstitucionales por la Corte, pero el nuestro no es ni una cosa ni la otra. La Ministra Cosse, en una actividad organizada por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), impertérrita le zampó a los cableros: “Uruguay ya tiene internet. Ese no es un problema en el que hay que trabajar. Ese modelo de negocios está ampliamente superado”. ¿Y si está tan “ampliamente superado” por qué insisten con una prohibición sin base jurídica? Si el modelo de negocios estuviera “ampliamente superado” alcanzaría con permitirlo y ver cómo esos empresarios estúpidos se rompen la crisma en el mercado...

Pero además de que al gobierno no se le mueve un pelo por la declaratoria de inconstitucionalidad, los “cableros” no aparecen firmes. Como ya tienen un convenio firmado con ANTEL para brindar paquetes de internet (de ANTEL, obvio) en sus ofertas de servicio, dudan de enfrentarse con el ente y parecería que una mayoría de los asociados a CUTA se inclina por sentarse a negociar un mejor acuerdo con éste. O sea, estarían renunciando de antemano a ejercer sus derechos a plenitud.

Habrá que ver, entonces, qué hacen otros actores que siguen dispuestos a dar batalla. Es que Leviatán es un bicho no sólo feroz sino ladino.



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