Las zonas francas y un reconocimiento tardío

Por Conrado Rodríguez

El pasado martes 14 de noviembre, se votó en Cámara de Representantes algunas modificaciones a la ley Nº 15.921 de diciembre de 1987, que estableció el régimen vigente de Zonas Francas en el país. En su exposición de motivos, el gobierno reconoce expresamente el valor de ese instrumento.

La zona franca es un área geográfica específica y delimitada dentro de un Estado, sujeta a un régimen fiscal y aduanero especial, donde se promueven las inversiones para la producción y exportación, así como para la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional, incentivando la integración económica internacional e incrementando la utilización de mano de obra nacional.

El primer antecedente de concreción de zona franca en nuestro país se lo debemos a la preclara visión del Presidente Baltasar Brum, quien a través de la ley 7.593 del año 1923, que éste impulsó, estableció zonas francas en Colonia y Nueva Palmira, buscando y fomentando el desarrollo de esas zonas del país.

A comienzos del primer gobierno del Presidente Julio María Sanguinetti (1986), el Poder Ejecutivo de la época envió un proyecto de ley que estableció un marco jurídico adecuado para dotar de gran impulso al instrumento “zonas francas”, con mecanismos tributarios que permitieron, a la postre, la atracción de inversiones de gran porte para la producción de manufacturas (como las plantas de celulosa), la promoción de actividades de servicios vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, con una gran apuesta a las actividades logísticas de valor agregado posicionando al Uruguay como centro de distribución de mercaderías en la región.

La exposición de motivos de ese proyecto de ley era por demás elocuente en cuanto a la consecución de los objetivos que ese gobierno se había trazado: “(...) se llega a la conclusión de que, concediendo incentivos tributarios e introduciendo más sencillez en los trámites, podemos obtener la creación de una eficiente zona industrial de exportación la que sin duda, provocará la generación de nuevas fuentes de ocupación, atraerá inversiones, aumentará nuestras exportaciones e introducirá nuevas tecnologías, todo lo cual redundará en beneficio del país en general y para la zona de influencia en particular.”

Finalmente, en diciembre de 1987, el proyecto se convirtió en ley, no sin polémica, con trabas importantes por parte del Frente Amplio, que se opuso fuertemente a la misma.

Lo cierto es que la aprobación de esa ley generó un dinamismo económico muy importante para el Uruguay. Hoy existen 13 zonas francas distribuidas en varios puntos del país (11 de las cuales se establecieron bajo la vigencia de la ley 15.921), empleando de manera directa a 17 mil personas, la mayoría de las cuales se destacan por su grado de especialización, poniendo su preparación y conocimiento al servicio de actividades que antes estaban poco desarrolladas.

Esto ha permitido la generación de empleos de calidad, con remuneraciones en promedio superiores a las que se pagan en zona no franca, con oportunidades para los jóvenes uruguayos, que no tienen que emigrar para poner en aplicación sus estudios y conocimiento.

El tiempo ha demostrado lo innegable de todo lo logrado en materia de incorporación de tecnología, innovación, servicios y producción exportable.

La exposición de motivos del actual Poder Ejecutivo, sobre el proyecto de ley que modifica algunas disposiciones de la ley de 1987 —que finalmente se aprobara el pasado 14 de noviembre en Diputados—, reconoce que “las Zonas Francas han contribuido a diversificar la oferta exportable del país por productos y destinos.”

Sigue diciendo: “(...) se entiende que el régimen de Zonas Francas ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos establecidos.” “Si bien el instrumento de las Zonas Francas ha funcionado adecuadamente y ha sido exitoso en términos de la consecución de sus objetivos, se hace necesario perfeccionarlo y adaptarlo a la nueva realidad mundial y local.”

Después de 30 años se reconoce de forma explícita que el instrumento “zonas francas”, y el impulso dado al mismo por ese gobierno del Partido Colorado, lograron lo que algunos no esperaban, o simplemente no querían que se lograra. El tiempo ha pasado y los desafíos son otros. La sustancia es la misma, pero la herramienta tiene que ser aggiornada a los nuevos requerimientos de un mundo competitivo que ahora mira al Uruguay con otros ojos.

Por eso es importante la incorporación de medidas que permitan la expansión en otras actividades, como por ejemplo las del entretenimiento y los audiovisuales, a través de la creación de las Zonas Temáticas de Servicios, donde el Uruguay tiene un potencial de desarrollo enorme; las normas que permitan agudizar los contralores sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos con los usuarios de zona franca, otorgando también facilidades para las zonas francas que se encuentran fuera del área metropolitana (Zonas Francas del interior) para que puedan competir en mejores condiciones, incentivando de esa manera la descentralización del desarrollo en las distintas regiones del país que lo precisan.

Tenemos que seguir apostando a la innovación, a la tecnología y al desarrollo de actividades de producción y servicio que el mundo requiere. Las oportunidades deben de crearse igual que en 1987, yendo a su búsqueda; y para eso es necesario una gran cuota de coraje, seguridad jurídica y credibilidad.

Esa fue nuestra posición siempre. En 1923, en 1987 y ahora en 2017.

Las críticas sin fundamento tarde o temprano quedan en evidencia. Lo importante es la convicción de trabajar a favor del desarrollo de nuestro país mirando siempre a favor de generar las oportunidades que nuestra gente merece. A pesar de lo tardío del reconocimiento, sigamos apostando a construir un futuro con progreso y justicia social. Sólo así seremos parte de un nuevo tiempo.



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