Las cifras oficiales en el banquillo de los acusados

La manipulación que hizo el presidente Dr. Vázquez con las estadísticas, mencionando algunas y otras no y manejando caprichosamente las fechas, pone otra vez en el tapete la confiabilidad de las cifras oficiales, manoseadas lastimosamente desde que se comprobó que el Ministerio de Interior las maquilló para hacer creer que se cumplía la promesa electoral de rebajar un 30% las rapiñas. Ni siquiera se informa bien, desde el gobierno, sobre el déficit fiscal, que es mayor al reconocido oficialmente. Uruguay vive un gran retraso en esta materia.

El comienzo de esta historia le corresponde al ministro de Interior, Eduardo Bonomi, quien comprobadamente adulteró durante años las cifras del delito para tratar de hacer creer a la opinión pública que se estaba cumpliendo la promesa electoral del Dr. Tabaré Vázquez de que iban a bajar las rapiñas un 30%. Eso nunca ocurrió, como todos sabemos, y por el contrario hubo un aumento extraordinario de las mismas y de los asesinatos.

También ahora se quiere disimular o directamente disfrzar el déficit fiscal. El 7 de enero pasado, el economista Isaac Alfie publicó su habitual columna de El País en la que informó que el déficit de 2018 llegó a la desgraciada cifra de 4.6% del producto bruto interno, pese a que las páginas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas dieron un tope de 2.7%. Dijo Alfie: “El pasado 31 de diciembre, como todos los fines de mes, el MEF publicó las cifras fiscales, en este caso a noviembre. El comunicado oficial indica que el déficit es de 2,7% del PIB, lo cual se desprende de las planillas colgadas en la web, pero sucede que las mismas planillas y los comunicados que las acompañan, en general nos brindan suficiente información como para saber la real situación.” A continuación, mencionó que por haber medido o divulgado mal el efecto de la “ley de cincuentones”; el ingreso por la variación del stock de petróleo; el ingreso por la utilización del Fondo de Estabilización de Energía y la situación real del BPS, el déficit trepa a esa enorme desproporción del 4.6. El desmentido de Alfie no pudo ser posteriormente retrucado por las autoridades. Ahora el Ministerio agregó un nuevo tropezón. El último miércoles emitió un comunicado corrigiendo uno anterior del 28 de febrero, en el que se afirmaba una mejora del resultado fiscal. Ahora se reconoce que no había sido así. Una irresponsabilidad.

La cuestión también cobró plena vigencia al divulgarse, hace unos días, un estudio de la organización “Techo Uruguay”  –tras haber realizado chequeos en todo el país– que daba cuenta de un sostenido crecimiento de los asentamientos, lo que no surgió de las estadísticas oficiales sino de esa “ong”. En el censo de 2011 había 589. Luego se ocultó la información hasta 2018, cuando se filtró el dato de que en ese momento llegaban a 610. Pero ahora, a principios de este año, Techo Uruguay asegura que llegaron a 656. Un tema tan sensible y tan ilustrativo de la realidad social debería ser tratado con absoluta precisión y claridad por las autoridades. Pero la información oficial llega por cuenta gotas y viene disfrazada.

En ese clima, el movimiento Un solo Uruguay sostuvo en su última concentración que la realidad que se vive en varios departamentos sobre desocupación y pobreza no coincide con los datos del Instituto de Estadísticas. Esa afirmación levantó una verdadera polvareda, tanto en algunos medios de prensa como en las redes sociales. El director nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, cometió el exceso de sostener que esa campaña procura “socavar las instituciones democráticas”.

Pero con un tono más racional, la directora del Instituto Nacional de Estadísticas, economista Laura Nalbarte, dio en parte razón a los cuestionamientos, al explicar en un reportaje que muchos de los instrumentos y métodos técnicos que se están manejando son obsoletos y hay que actualizarlos. Algunos de esos criterios provienen de 15 años atrás y tanto las variaciones sociales y los hábitos de consumo, así como las innovaciones tecnológicas, pueden haber incorporado cambios sustanciales que signifiquen que la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas y los ingresos se estén midiendo mal. La directora invitó a quienes hacen cuestionamientos a realizar las respectivas denuncias penales, “porque maquillar las cifras es delito”. Quizás varios jerarcas del gobierno, colegas de la economista Nalbarte, sintieron algún cosquilleo de vergüenza al leer el reportaje.

Los antecedentes mencionados no son buenos para el gobierno. Hay varios casos en los que, comprobadamente, las autoridades han cambiado las cifras o han intentado ocultar la realidad. La permanente negativa del oficialismo a permitir el funcionamiento de comisiones investigadoras, la falta de respuesta a los pedidos de informes de los legisladores, la rebelión de varias instituciones ante las observaciones del Tribunal de Cuentas –el Mides se lleva los premios– son ejemplos muy negativos. A ello hay que agregar los casos de corrupción que se han verificado en Ancap, en Asse, en Pluna, así como el secretismo con que se manejó el contrato con UPM II, todo lo que crea un clima que le hace daño a la República, que para vivir saludablemente requiere certidumbre y transparencia.



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