"Hasta que no entendamos que las buenas cárceles son un derecho del ciudadano común y corriente, vamos a seguir conviviendo con cárceles malas o más o menos. Yo tengo derecho a que cuando quede libre la persona que delinque pueda tener un trabajo, una familia, un barrio, un lugar a donde vivir, y no salga de nuevo a cometer un delito. Como ciudadano tengo derecho a eso, y pago mis impuestos para eso."(Comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, entrevista en El Observador).

Lo dicho por el Comisionado de Cárceles en la entrevista del diario El Observador, resuelve o da respuesta a la pregunta que tantos ciudadanos se hace, ¿para qué invertir en los delincuentes que roban, matan y además reinciden?

Es evidente que en un régimen de superpoblación como la denunciada en le entrevista en el diario El Observador por el Dr. Juan Miguel Petit, con un 128% de hacinamiento, no es posible llevar adelante ningún plan de rehabilitación seria. Pero también es imperioso, desde hace muchos años, dar una solución al tema de los fines y objetivos de los institutos penales, lo que debería ser llevado adelante como una política de Estado, que pueda dar continuidad y evite los niveles de deshumanización y barbarie, que lo único que logran es que las mismas sean grandes "universidades" de delincuencia, cuyos "egresados" al salir se trasforman en los emisarios de las peores prácticas de estafa y violencia.

Sólo por esa razón, la existencia de cárceles saneadas es un objetivo en sí mismo de seguridad.

Lo expuesto tiene mucho que ver con otra reflexión efectuado por el Comisionado parlamentario que es la siguiente: "un tema que tenemos que incorporar a esta reflexión que es el urbanismo social, como ocurrió con Medellín. La intervención del urbanismo social logró incorporarle fortalezas a un tejido social pauperizado a través de la educación, la cultura, el deporte, la familia, la participación, el transporte, y eso le permitió bajar los índices delictivos. Por supuesto que la policía es necesaria y son necesarios los patrulleros y los mecanismos de seguridad. Pero si no se cambia lo sustantivo la violencia va a seguir apareciendo."

Está clarísimo que el trabajo es de toda la sociedad, la base es la educación, la integración, la necesidad de que el Estado, sobre todo en su tercer nivel, juegue un rol fuerte en los barrios con más marginalidad, donde hay más pauperización de los valores y mayor violencia. Lograr que la gente participe del cambio de su medio urbanístico, de su barrio, incorporándole amor a la paz, a la vida, y a la posibilidad de futuro, es quizás otras de las patas fundamentales para que haya menos delincuencia.  Si el valor lo trasmite el narcotraficante del lugar, o el punga, ahí es donde la vida comienza a valer muy poco, se sustituye la computadora por el arma y vivir termina siendo una transa de poder que depende de qué banda sea cada uno, o qué suerte se tenga para no terminar en una cuneta.

Pero si logramos trabajar conjuntamente con las organizaciones barriales, el Municipio, la Intendencia, el MIDES, ANEP, Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Comisionado Parlamentario, generando sinergia con las organizaciones barriales y su gente logrando empatía por el barrio coordinando políticas, quizás se pueda cambiar las realidades antes de que lleguen a la cárcel, las grandes victimas de todos esto que son los jóvenes principalmente. Por supuesto que reeducar a los presos es fundamental, pero es el plan B, ya que lo más importante es sacar a la gente del círculo de violencia, a su familia, generando fuertes compromisos con el medio donde viven. La lucha y los sueños por estos cambios son el verdadero anhelo para alcanzar la paz y sin duda, si en Medellín, Colombia, se está pudiendo, nada impide que Uruguay pueda seguir el mismo camino.