La voltereta uruguaya

El “Mecanismo de Montevideo” duró apenas 24 horas. Uruguay —no así México— dio un giro de 180° y se plegó a la posición europea de exigir elecciones presidenciales libres. O sea, al gobierno uruguayo parece que todos los ómnibus lo dejan en la puerta.

Para el gobierno uruguayo el miércoles fue una cosa y el jueves otra. Como te digo una cosa, te digo la otra.

Efectivamente, el miércoles 6 se reunieron el canciller Nin, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y los representantes del Caricom (la Comunidad del Caribe, que integran Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago). En la ocasión acordaron un documento pomposamente denominado “Mecanismo de Montevideo”, el cual traza un lavado plan que “se pone a disposición de los actores venezolanos como una alternativa pacífica y democrática”.

El plan propone tres etapas, comenzando con un diálogo entre las partes. Si éste no pudiera concretarse, se pasaría a una segunda etapa con la mediación de la mediación de la Secretaria General Iberoamericana, la costarricense Rebeca Grynspan, el ex canciller uruguayo Enrique Iglesias y el ex canciller mexicano Bernardo Sepúlveda. Si en esa segunda etapa se alcanzar acuerdos, se pasaría a la tercera etapa, consistente en poner esos acuerdos por escrito y suscribirlos por ambas partes.

En el “Mecanismo de Montevideo” no se plantean exigencias de tipo alguno y se hace un genérico llamado a las partes a “respetar los derechos humanos”. Como señaló el periodista Gerardo Sotelo en su editorial por Radio Carve, el documento “exhorta a victimarios y víctimas que garanticen la vigencia de los Derechos Humanos. Pone en un pie de igualdad a torturadores y torturados”. “Hubiera sido como pedirle a México, que ayudó a quienes padecían la dictadura uruguaya, que le pidiera al Goyo Alvarez y a Líber Seregni que respetaran los Derechos Humanos. ¿Cómo se puede ser tan cretino?”, agregó.

Preguntado por qué no se formulaban exigencias para el diálogo, como la liberación de los presos políticos y encaminar el mismo hacia la celebración de elecciones libre, el canciller Nin fue enfático y contundente: “Cuanto más condiciones se pongan para el diálogo, más difícil es conseguir un resultado favorable, si nosotros decimos que tiene que haber elecciones en tal momento, que tiene que cambiarse la Corte Electoral, que tiene que haber liberación de los presos políticos, estamos imponiendo condiciones. Lo que tiene que acordarse entre las partes son cuáles son las condiciones, son ellos lo que tienen que acordar. Nosotros vamos al diálogo sin condiciones: júntense, hablen, acuerden, arreglen”.

El “Mecanismo de Montevideo”, obviamente, fue inmediatamente aceptado por Maduro y rechazado por Guaidó.

Pero un día después, en la reunión del Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre Venezuela, el gobierno uruguayo pegó la voltereta y cambió de posición, plegándose a la posición de la Unión Europea de reclamar elecciones libres. México, en cambio, mantuvo su coherencia y no adhirió a la declaración final, que fue firmada por España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Uruguay, la Unión Europea, Costa Rica y Ecuador.

Esta declaración señala que “es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional”. Asimismo, expresa que “deplora los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza”.

Pero en su parte sustancial, el documento del GIC manifiesta que el objetivo es “la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución”.

En suma: a velocidad de crucero, el gobierno uruguayo pasó de la “neutralidad” a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional (despojada de sus atribuciones y desconocida por el régimen), a condenar la represión y a reclamar la celebración de elecciones presidenciales libres. O sea, todo aquello que un día antes el canciller Nin había descartado vehementemente, al día siguiente se acepta sin más trámites.

Como advertirá fácilmente el lector, el gobierno ha sometido al país a una deriva internacional vergonzosa e indigna de sus mejores tradiciones.



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