Correo de los Viernes - La república ambientalista de Canelones

La república ambientalista de Canelones

Por Tomás Laguna

Las prácticas agrícolas en el departamento de Canelones, incluida la horticultura, enfrentan exigencias extremas en materia de uso de agro químicos y fertilizantes que no se condicen con las normas vigentes para el resto del país.

La ley de ordenamiento territorial ha dado patente de corso a las administraciones departamentales al punto tal que pueden llegar a establecer normas dentro de los confines de su territorio que exceden en exigencias o bien contravienen otras de alcance nacional, dictadas por aquellos institutos del Estado cuya jurisdicción alcanza a toda la República. En particular esto ocurre con disposiciones de orden ambiental pero también referido a la posibilidad de llevar a cabo tales o cuales actividades productivas.

El hecho en sí es grave al punto de constituir un desconocimiento de disposiciones de alcance nacional, y como consecuencia coartar la licitud de determinadas iniciativas productivas encaradas por privados. Veamos a que nos referimos.

Un primer ejemplo refiere a un intento de prohibición de la actividad forestal, o al menos de la implantación de nuevos montes, que quiso establecer el intendente de Cerro Largo, Ec. Sergio Botana. Finalmente el asunto quedó en nada al punto que hoy defiende con uñas y dientes la posible instalación de una planta de celulosa en su departamento.

Pero el ejemplo más absurdo lo constituye la intendencia de Canelones. Su Junta Departamental intentó en determinado momento promover una disposición prohibiendo el cultivo de vegetales genéticamente modificados (transgénicos). No tuvieron suerte, no pudieron ir contra las autorizaciones vigentes para el resto del país. No obstante han logrado transformar en un calvario cualquier actividad productiva agrícola que implique el uso de fertilizantes y agro químicos.

El caso más sonado refiere a un reconocido médico de Canelones que tiene en propiedad 500 hectáreas que en su momento fueron tambo y desde hace unos años dedica exclusivamente a producción agrícola, en particular soja. Este buen hombre tuvo la mala fortuna de tener de vecina a una militante ultra ambientalista, con mucho tiempo para perder y nada productivo que hacer, la que se dedicó a denunciarlo en cuanto ámbito se le ocurriera. En la propia intendencia, el MGAP, el Ministerio de Salud Pública, hasta hacerlo en los tribunales de ética médica del Sindicato Médico, además de subir videos tenebrosos a youtube o bien inundar las redes sociales con su macabro caso. Por supuesto que llevó la causa a los distintos medios de prensa de la izquierda, en particular la Diaria y Brecha (muy propensos a este tipo de denuncias altisonantes), escandalizando con enfermedades contraídas por vecinos y los propios funcionarios municipales que tuvieron la osadía de constituirse en el lugar para inspeccionar. Por cierto que la preocupada señora encontró eco en quienes desde los organismos públicos y la propia intendencia se identificaran ideológicamente con su causa. A esta altura uno se pregunta si tanta gente se intoxica como denuncian en Paso Picón, la mitad del Uruguay habría muerto de enfermedades pulmonares o ataques alérgicos. Raro es que en el resto del Uruguay agrícola nada de esto pase.

A esta altura en la oficina de Servicios Agrícolas del MGAP deben tener un inspector dedicado a atender semanalmente cada denuncia recibida desde Paso Picón. Es cierto, en alguna oportunidad lo multaron por no estar aplicando las condiciones exigidas. Pero la gravedad de las infracciones son mínimas en relación con la magnitud de la depredación que denuncia su preocupada vecina. Ninguna refiere a una actividad que atente contra la supervivencia del ser humano en la zona. Seguramente se habría muerto el mismo doctor, siendo que muchas veces él mismo es quien conduce la maquinaria con la que aplica el “matayuyos”. En cambio la intendencia canaria le ha impuesto multas cuasi confiscatorias, todas recurridas por el imputado ante los organismos correspondientes.

Pero la cruzada ambientalista de Canelones no termina en Paso Picón. Productores de la cuenca de Laguna del Cisne son también acosados desde el propio departamento de desarrollo y otras unidades de la comuna. Los granjeros horticultores, de por si jugados cada año por el clima y los mercados, tienen ahora una nueva adversidad de la cual cuidarse. Parece que la intendencia y sus seguidores ideológicos quieren transformar Canelones en una huerta orgánica, de hecho están previendo un mercado centralizador de esta producción en estación Atlántida, sobre la ruta 11. La idea puede ser interesante pero no para involucrar con prepotencia a los productores del departamento.

En la reciente asamblea anual de la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones, el Ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech, reconoció en su discurso a la asamblea, que detrás del ambientalismo hay un componente ideológico que no responde a razones. Pero claro, la intendencia tampoco no responde por el vertedero de basura de Cañada Grande y las consecuencias contaminantes del mismo en el entorno de Pando. Tal vez la basura no entre en el terreno ideológico porque no hay multinacionales vendiendo insumos...

Pero mientras tanto, ser productor rural en el departamento canario implica el riesgo de toparse con absurdas disposiciones que se contradicen en sus extremas exigencias con las normas que rigen para el resto del país, condicionando la viabilidad económica de muchas familias rurales.