Por Fátima Barrutta
Una de las promesas que, en mayor o menor medida, todos los partidos de la coalición anunciamos durante la pasada campaña electoral, fue la de realizar auditorías de la gestión del Frente Amplio en las distintas áreas de la administración. La emergencia sanitaria que dispuso el presidente Lacalle Pou a escasos 13 días de asumir, postergó naturalmente la ejecución de aquella medida, que no tenía un afán revanchista sino, por el contrario, procuraba que nos enteráramos de dónde estábamos parados, cuánta verdad había en el país de las maravillas que nos habían vendido los apóstoles del "progresismo".
Las enérgicas medidas adoptadas para combatir la propagación de la pandemia cambiaron el foco de atención del nuevo gobierno, por razones obvias. Lo paradójico es que la vulnerabilidad que está evidenciando la sociedad como consecuencia de la emergencia sanitaria, se constituye en la más fidedigna auditoría del tinglado de aparente justicia social armado por el frenteamplismo en los últimos años. Podemos decir que las políticas sociales a que obliga la contención de la pandemia están poniendo al descubierto de forma clara y contundente los fracasos en tal sentido de los gobiernos de los últimos quince años.
Sorprende que de la noche a la mañana hayan aparecido 400.000 trabajadores informales que el aislamiento domiciliario convierte en desprotegidos absolutos.
¿Dónde quedan los espectaculares logros socialistas que tanto pregonaban exministros como Astori, Murro y Arismendi? ¿No era que, como decía siempre Murro, el aumento del número de empresas cotizantes en el BPS era una demostración del éxito de las políticas sociales y económicas? Cuando le replicábamos que ese incremento se debía a la precarización del mercado laboral, porque había empresas que despedían a sus empleados y los recontrataban como empresarios unipersonales, para ahorrarse los aportes, nos decían que estábamos exagerando. Acá está la prueba.
El Frente Amplio, asesorado por su aliado sindical, el Pit-Cnt, gobernó con la mirada puesta en el mantenimiento del salario real, aún a costa de que esa variable conspirara contra su contraparte, que es la generación de puestos de trabajo. En el manejo empresarial, a salarios más caros, mayor restricción en la incorporación de nuevos trabajadores, y así fue como la tasa de desocupación creció a partir de 2014, cuando empezó la desaceleración económica.
Para colmo, la incontinencia del gasto público sobre la base de invertir en negocios ruinosos e incorporar a 70.000 nuevos funcionarios, convirtiendo al Estado en una gigantesca agencia de colocaciones de amigos políticos, los llevó a financiar esa fiesta descargando más y más impuestos sobre el sector privado, e incluso por la vía indirecta de encarecer las tarifas públicas.
Aquella tormenta perfecta trajo estos naufragios. Los 400.000 uruguayos que hoy están colgados del pincel no aparecían en las estadísticas oficiales como desocupados, ni siquiera como trabajadores precarios. Tenían ya entonces, y más ahora con esta terrible pandemia, una absoluta y total indefensión de parte del Estado. Con esto nos encontramos quienes formamos parte de la coalición republicana, y todavía tuvimos que soportar insultos y protestas demagógicas de algunos personajes del FA y del sindicalismo, tratando de medrar electoralmente con los efectos de la crisis global.
Es cierto que no es tiempo de pasar facturas, pero sí es muy justo poner las cosas en su lugar, para que ningún trasnochado confunda las dificultades económicas y sociales que ya se viven y que, lamentablemente, se profundizarán en el corto y mediano plazo, con políticas de un gobierno que había venido a cambiar al país y ahora no tiene más remedio que gestionar la crisis, a contracorriente de la herencia recibida y con las más altas dosis de valentía y determinación.
