La otra cara de la inseguridad

Por Ruth Furtenbach

Es necesario atender la situación de los policías que viven en asentamientos y barrios marginales

Cuando se cuestionan las bondades del nuevo Código del Proceso Penal, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, suele manifestar que, si no se atacan las causas, “los delitos van a seguir aumentando”. Dejando de lado la problemática del Código, podemos argüir con sobrados fundamentos que las causas sociales de la inseguridad son atacables con educación y trabajo decente.

Pero también debemos combatir el delito desde la perspectiva de la seguridad comunitaria y del fortalecimiento de una institución policial transparente y profesionalizada. Aunque existe en torno a la policía un gran problema social y motivacional que el Estado debería atender con urgencia, y que sin dudas afecta la eficiencia y efectividad en el ejercicio de la función pública que todos esperamos.

Un censo realizado por el Ministerio del Interior hace ya cuatro años, en agosto de 2015, constató que había 1.107 policías viviendo en asentamientos irregulares, lo cual representaba en ese momento, el 4,2% del total. Además, unos 764 manifestaron expresamente querer mudarse por vivir hostigados y amenazados en zonas conflictivas y sin los servicios básicos. Esta cruda realidad denota que mientras algunos se ven forzados a abandonar sus viviendas para escapar del infierno en el que viven sus familias, otros, deben quedarse a pesar del miedo, porque no tienen ningún lugar adónde ir (véase nota de Diario El Observador 21/1/2017, Diario El País 23/10/2016, www.telenoche.com.uy 11/5/2018).

Independientemente de cuantos sean o cuál sea la disposición a mudarse de estos policías, la gravedad del fenómeno no radica solamente en la extrema precariedad en la que viven por carencia de servicios básicos sino en las consecuencias del interrelacionamiento con los delincuentes del barrio. No podemos esperar que el policía cumpla con su deber si tiene a su familia amenazada por delincuentes que tiene como vecinos, que pueden matarlos en represalia. Además del riesgo que esa vulnerabilidad implica, de que sus propios hijos vean en el mundo del delito, una oportunidad de ser aceptados y no desentonar con el medio. Todo lo cual nos lleva a pensar que es fundamental desactivar esa mezcolanza entre policías, malvivientes y delincuentes.

Los antiguos griegos entendían que la seguridad de la polis debía estar cargo de un grupo de personas que fueran formadas y entrenadas para semejante responsabilidad. Tenían entonces a Esparta, una ciudad en la cual la educación, entrenamiento y autonomía servían a tales fines. Posiblemente hoy sea desacertada la idea de crear una nueva Esparta o barrios destinados exclusivamente a la familia policial, con escuelas y plazas de deportes direccionadas a darle a los policías un entorno de tranquilidad en materia de seguridad familiar. Pero podríamos enfocarnos en otorgarles mayor protección, facilitándoles el acceso a viviendas dignas, integradas al resto de la sociedad, pero alejadas de las zonas más conflictivas. Porque de nada sirve que se les otorgue la posibilidad de acceder a una vivienda mejor, pero en el mismo lugar.

El Presupuesto Nacional aprobado por la Ley Nº 19.355, en su artículo 161, amplió el Fondo de Tutela Social Policial, creado por el artículo 87 de la Ley N° 13.640, (y modificado por el artículo 67 de la Ley N° 18.046) con el objetivo de facilitar “el acceso a la vivienda digna y decorosa del personal policial”, según fuentes del propio Ministerio del Interior (sitio web oficial). Asimismo, desde el sitio de Comunicación Institucional de Presidencia, se informó que Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, habían firmado un convenio para dar facilidades a policías "que residan en lugares cuya situación edilicia sea carenciada".

No obstante, hoy, los esfuerzos que dice hacer el Ministerio del Interior al respecto, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales de la Cartera, son insuficientes y nada efectivos. Pocos resultados se observan y poco se sabe acerca de la administración por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo del Fideicomiso que anunciaron haber creado “para que los fondos recaudados – con el aporte del 1% (uno por ciento), que por ley retienen mensualmente de sus sueldos a los policías en actividad- se destinen exclusivamente a viviendas” policiales. Los sindicatos policiales denuncian que ese fondo llega a U$S 7 millones, originados por los aportes de los funcionarios, que se habrían desviado a otros destinos presupuestales.

Prueba de ello, es el incesante reclamo del sindicato policial, que insiste entre otras cosas, en la imperiosa necesidad de mejorar el acceso a la vivienda, para que “los funcionarios que viven en los asentamientos y que se encuentran amenazados puedan mudarse”. Debemos ser conscientes del apoyo que necesitan quienes cumplen con la obligación de defender la libertad en el orden y actuar en consecuencia.