La obligatoria “inclusión”

Por Ruth Furtenbach

La bancarización obligatoria significa un retroceso peligroso, ya que la pérdida de libertad tiene como contrapartida la acumulación de poder, y en este caso no es en favor del Estado sino del sistema financiero

Hoy en día, en las sociedades democráticas, es bien aceptado el concepto   roussoniano de que "la ley es la expresión de la voluntad general", en el sentido de que su legitimación emana de los representantes de los ciudadanos elegidos libremente. Aunque esto, no siempre se percibe en los parlamentos que debaten y aprueban leyes, muchas veces en forma apresurada, presionados por ciertos grupos e intereses sin analizar las posibles repercusiones.

Si bien las leyes pretenden regir nuestra conducta y asegurar, entre otros, la realización de ciertas políticas sociales en respuesta a la evolución de las necesidades de la sociedad, estas no pueden desconocer y dejar de proteger ciertos derechos fundamentales, especialmente la igualdad y la libertad. Y cuando se produce un fuerte desbalance entre los mismos, se ve seriamente afectada la democracia.

En este sentido, un desbalance importante ha generado la llamada “Ley de Inclusión Financiera” Nº 19.210, que bien podría llamarse de “Bancarización Obligatoria”, porque la “inclusión” no es voluntaria sino obligatoria. Y esta obligatoriedad, que constituye un atropello a la libertad de elegir, es la que ha derivado en un sinfín de repercusiones nefastas, con la consecuente reacción de un grupo de ciudadanos que promueven la eliminación de esta ley y su manifiesto rechazo por parte de algunos dirigentes de partidos políticos de la oposición y la población en general. Todo lo cual indica que su derogación o modificación en lo que concierne a la obligatoriedad, es una cuestión que deberá encarar el próximo gobierno.

Es muy peligroso que el Estado le imponga a la ciudadanía lo que es “bueno” en materia económica y financiera. Lo que el Estado debería proporcionar a sus habitantes es el acceso equitativo a todos los servicios para que puedan elegir libremente qué es lo que consideran mejor. Y no es ahí donde tiene el foco este gobierno, que descuida la educación e insiste en la adoctrinación de la población para los fines que más le convienen.

No podemos permitir que nos digan que debemos superar “el-falaz- argumento filosófico de la libertad” porque el trabajador ahora puede elegir en qué institución cobrará su salario (palabras del Coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Ec. Martín Vallcorba, en https://www.subrayado.com.uy/diez-puntos-claves-la-ley-inclusion-financiera-n69480). Porque el problema claramente no es la elección de la Institución sino del medio de pago. Y, en definitiva, la no interferencia en la decisión de lo que más nos conviene.

Los bancos y medios de pago electrónicos, que surgieron y existen para facilitar la actividad comercial, en nuestro país se convierten en un estorbo cuando se trata de imponerle al peón rural que para cobrar su salario se traslade al poblado más cercano donde haya servicios financieros -por más que la ley exceptúe ciertos casos-, al jubilado que haga la cola en el cajero automático con los riesgos que ello conlleva –hurtos, faltante de efectivo, rotura de máquinas o hasta no hace tanto, explosiones de los diferentes puntos de extracción - por citar algún ejemplo de los muchos que existen- y al establecer que la mayoría de los negocios y todas las retribuciones se pagan a través de los bancos. Porque no todas las situaciones son iguales, y lo que puede resultar una herramienta muy útil en algunos casos, puede ser inconveniente en otros. Lo que debería ser una elección no puede convertirse en una imposición. Si tantos beneficios otorga el sistema bancario al conjunto de la población, las adhesiones deberían ser motu proprio. Y la “universalidad” que propugna la ley, debería lograrse por el lado de la promoción, otorgando facilidades para el libre acceso y no de la imposición.

Asimismo, esta imposición con la que se gana en control, enmascara otro problema en el que se induce a los más desprotegidos. En efecto, se ha generado el aumento exponencial de las operaciones con tarjetas de crédito y débito, produciendo cambios en los patrones de consumo y tomando de rehenes tanto a usuarios desprevenidos -que caen en un endeudamiento sin fin- como a pequeños y medianos comerciantes.  Estos últimos, que constituyen el motor de la economía del país, presos de los descuentos, aranceles y cobro diferido de los planes en cuotas, manifiestan serias dificultades para sostenerse en el mercado, por el cambio en las ecuaciones de venta y la baja de los márgenes operativos, que han atentado contra la rentabilidad.

Vemos que una vez más, el Estado ha trasladado otra actividad al sector privado, propiciando el empoderamiento de las entidades de intermediación financiera. La pérdida de libertad se ve reflejada en todos los ámbitos, salvo en el sector financiero, que ha visto aumentar su poder a través del control del dinero de la población y viene acumulando información sobre el comportamiento y movimiento de los ciudadanos. El Estado, ve en este instrumento una facilidad recaudadora, ya que cuantas más operaciones pasen por los bancos menos evasión habrá, beneficiándose asimismo de un cobro anticipado de impuestos, pero viene cediendo terreno a una forma de imponer nuevos medios de pago que puedan sustituir a la moneda.

La pérdida de libertad tiene como contrapartida la acumulación de poder, y en este caso no es en el Estado sino en el sistema financiero. Y llama poderosamente la atención que un partido de izquierda se avenga a recorrer un camino que deja ver al final, un escenario que recuerda al presentado por Friedrich A. Hayek en la “Desnacionalización del Dinero”.



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