"La madeja del Ingeniero Casaravilla"

Con estas palabras, el Dr. Julio Luis Sanguinetti, actual Vicepresidente de UTE, tituló una nota en el Semanario Opinar, en la que analiza el desfalco de Gas Sayago. Compartimos la misma a continuación.

Emiliano Cotelo entrevistó hace unas semanas al diez años presidente de UTE y uno de los responsables principales del desastre llamado Gas Sayago. Primero la oí y luego la leí para confirmar la sensación de desasosiego que me provoca este tema, mi dificultad para calificar hechos y personas, ubicar las cosas en sus justos términos y sacar conclusiones. Un profesor de Lógica o de Proyectos probablemente acabaría con su vida ante la abrumadora cantidad de insensateces, inconsistencias, pensamiento mágico... todo rayano con la mala fe, el dolo, la arbitrariedad o la estupidez. Créanme que el evento es incalificable e inclasificable y seguramente criminal.

Empecemos por el final. Casaravilla tiene una estrategia de comunicación orientada y decidida a evitar ser condenado por los tribunales jurisdiccionales. Primero asume la responsabilidad del proyecto fallido -por demás inocultable luego de las declaraciones de Danilo Astori-, sigue un intento de achicar y entreverar los números minimizando el daño al Estado y trata de darle razón a la sinrazón a través de un cúmulo de medias verdades, pequeñas o grandes mentiras, finalizando con un llamado a "la recuperación del espíritu multipartidario en el sector energético" ofreciéndose para colaborar en el plan colectivo. Un ejercicio de cinismo pocas veces visto si tenemos en cuenta que el señor acaba de lograr -por falta de planificación y capacidad de ejecución- uno de los desastres más importantes de la historia del país y como el confiesa en la entrevista, a pesar de "haberse dedicado a la planificación energética toda su vida".

Casaravilla es responsable por donde se lo mire o analice:

1. Era el presidente de UTE y pudiendo haber detenido el proyecto en cuatro oportunidades no lo hizo.

2. Decidió constituir una sociedad anónima sin hacer el análisis de cual formato sería el mejor a través del estudio "Value for Money" y eludir los contralores del Estado.

3. Decide instalar 1500 Mw de energía eólica cuando el acuerdo multipartidario sugería 300 en simultánea a esta planta que podría hacer funcionar a UTE por si sola. 4. Decide entregar y compartir el control de la sociedad con Ancap a pesar de tener el 80% de las acciones y poner el 90% del capital.

4. Arbitrariamente decide llevar adelante el proyecto cuando Argentina se había retirado antes de constituir la sociedad e iba a ser el responsable de la compra de la mitad de lo que produciría.

5. Tomó las decisiones sin mandar hacer un proyecto de factibilidad económica, un análisis de riesgo, un estudio de demanda a pesar del retiro de Argentina y varios informes que validaran las decisiones.

6. Mandó a hacer la justificación de los números de la ecuación económica y compararla con un barril de petróleo a 110 dólares como alternativa energética. Es decir, amañó el resultado a su conveniencia ya que no era descabellado hacer por lo menos tres escenarios de factibilidad económica.

7. Cobra la multa de 100 millones de dólares y gasta 16 millones en "reposicionar" un proyecto que ya había perdido a su principal comprador y cuyo ejecutor GNLS había huido del mismo -entre otras cosas- por el oscuro trasfondo de la contratación de la OAS caída en el "lavajato", según dichos de Casaravilla.

8. Debería explicar porque si esta planta iba a proveer energía que permitiría a UTE producir un Mw a un costo de 50 dólares simultáneamente firmaba la privatización de la producción energética del país con empresarios privados a 62 dólares como piso.

9. Dice a Cotelo "hubo muchísimos estudios durante mucho tiempo". No los encontramos, no los tenemos y PWC en su auditoria lo deja cierto. La empresa se constituye en 2010 y recién en 2012 aparece en la DNE un pre estudio escolar de factibilidad. Las preguntas podrían seguir al infinito pero serán el fiscal y el juez quienes deberán hacerlas.

¿Ejercicio de voluntarismo? ¿Arbitrariedad? ¿Manejo doloso de fondos públicos? ¿Omisión a los deberes del funcionario público? ¿Abuso de funciones? Todo el abanico de posibilidades se cumple y dependerá de la justicia adonde se fija el límite de las responsabilidades penales ya que las políticas están más que claras. Nuestra capacidad de olvido en esta sociedad sobre noticiada y poco informada nos llega de la mano del ex presidente, cuando suelto de cuerpo sentenció: "esto se hace con Argentina o contra Argentina" para después agregar "necesitamos gas". Mejor resumen imposible pero evidentemente alguien dio la orden de seguir a como diere lugar y de que se contratara por un privado -Gas Sayago- controlado por funcionarios públicos y con fondos públicos a una empresa "amiga" brasileña (OAS) que termino cayendo en el famoso lavajato.

UTE ya presento su "noticia criminal" y pondrá a andar el mecanismo judicial nuevamente. Nueva prueba, una reconstrucción inédita de los hechos, de las decisiones y las consecuencias, en un documento realizado por una empresa que no tiene necesidad de comprometer su buen nombre internacionalmente con un trabajo deficitario. Omisiones y abusos arbitrarios en reiteración real culminaron con un gasto indecente de 213 millones de dólares. Y eso que en esa cuenta no figuran ni las contingencias vigentes ni tampoco los recursos humanos y económicos que UTE y Ancap pusieron a disposición a lo largo de 15 años. Tienen mucho que explicar Mujica, Sendic, Casaravilla, Kreimerman, Cosse, Briozzo, Méndez, Jara y una larga lista. Demasiada arbitrariedad durante demasiado tiempo con demasiado dinero.




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