Correo de los Viernes - La institucionalidad agropecuaria en la mira

La institucionalidad agropecuaria en la mira

Por Tomás Laguna

A poco de asumir el nuevo gobierno aún no se sabe quienes ocuparán los cargos de relevancia en la institucionalidad agropecuaria. No obstante, ya se proponen cambios a la misma.

En tanto la ciudadanía aguarda con expectativa la asunción del nuevo gobierno, mientras muchos aguardan con indisimulada expectativa ver concretar el anhelo de esperanzas postergadas, mientras otros recelan de las nuevas autoridades de gobierno y de la capacidad de gobernar de la coalición, mientras todo esto ocurre en la sede de Bvar. Artigas y Chaná, se continúa en la febril tarea de conformar los cuadros de gobierno, en particular aquellos que hacen a la institucionalidad agropecuaria.

No podemos ocultar nuestra preocupación por la demora en lo que refiere al equipo de personas que deberá asumir responsabilidades desde la muy variada institucionalidad agropecuaria. Seguramente es el agro uno de los sectores de la economía con mayor institucionalidad creada para su gobernanza. Ya no se trata del Ministro, Subsecretario y Director General de la Secretaría de Estado. Hay un sinnúmero de cargos que ocupar en uno de los Ministerios más complejos, además de los varios institutos con responsabilidades en distintas áreas o rubros y que dependen políticamente de este.

Son al menos 12 los cargos de confianza política hacia la interna del MGAP: Director de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias, Dirección General de Servicios Ganaderos, Dirección General de Servicios Agrícolas, Unidad de Asuntos Internacionales, Unidad de Gestión de Proyectos, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Dirección General de la Granja (en vías de ser instituto según la LUC), Dirección General de Desarrollo Rural (unidad de alta sensibilidad política utilizada por la izquierda para practicar el populismo en el sector), Dirección General Forestal (clave en la relación con UPM y similares), más varias de creación en los últimos 15 años como ser la Unidad de Descentralización y Coordinación de políticas agropecuarias (instrumento político creado por el FA para la coordinación de las Mesas de Desarrollo Rural, también estas un instrumento de acción de la izquierda en el agro), Dirección General de Inocuidad Alimentaria (creada por el Ministro Aguerre, sin mayor relevancia en su accionar), además del Sistema Nacional de Información Ganadera (estratégico enclave que opera el sistema de trazabilidad y genera información de calidad en forma sistemática, si bien no ha sido suficientemente democratizada en su difusión, en este capítulo nos viene a la memoria aquellos encendidos reclamos del siempre recordado Ing. Juan Peyrou).

Pero también está la institucionalidad que responde a los entes autónomos o bien los Institutos de Derecho Público no Estatal. A saber, entre los primeros el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Carne, entre los segundos el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Plan Agropecuario y el Instituto Nacional de Lechería. Todos muy disímiles en su justificación y presupuesto. Muchos de ellos pueden esperar sin mayor drama que durante el primer año se designen sus nuevas autoridades, otros como el Instituto Nacional de Colonización o el propio INIA les urge una definición a partir del 2 de marzo. Los actuales presidentes son incompatibles con la nueva gobernabilidad que la ciudadanía eligió para nuestro país.

El grave problema de los períodos de transición es el exceso de creatividad y los espíritus refundacionales. Así es que en la Ley de Urgente Consideración se pretende introducir cambios en algunos de estos institutos cuando aún sus nuevas autoridades no están confirmadas. Esto responde a algunos vicios institucionales, en particular el mayor pecado en el que puede incurrir una institución del Estado: tener recursos en exceso que no se justifican por su accionar. Así es que INAC, a partir de los 50 millones de dólares que tiene en reserva, ha sido objeto de mentes creativas cuyo fin principal sin duda es dar otro destino a sus reservas, digamos, excesivas reservas, sin entender ni por un momento cual es el objetivo principal de su razón de ser. Por otro lado tenemos el caso del INIA dónde el Estado le debe aportes por valor de 40 millones de dólares que les corresponde a partir de la ley que lo creó. Como sea, un tema a resolver son los recursos destinados a estos institutos y su fuente de financiamiento.

Luego tenemos institutos que sobrenadan entre la falta de presupuesto y la indefinición de sus objetivos, como es el caso del Instituto Plan Agropecuario. O también el caso del Instituto Nacional de Lechería, excelente fuente de información estadística,, pero de mínimo impacto en las políticas sectoriales en uno de los sectores más críticos en su viabilidad. Solo falta que algún iluminado sugiera crear el Instituto Nacional del Arroz para placebo de un enfermo de condiciones casi terminales.

El Ministro designado para ocupar la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, en una de sus múltiples exposiciones mediáticas, ha propuesto revisar la institucionalidad agropecuaria. Tal vez uno de las mejores sugerencias que ha hecho entre tantas exposiciones públicas. Pero esa instancia debe ser instrumentada a partir de un grupo de trabajo serio, riguroso, sin corporativismos sectoriales ni excesos descentralizadores que parecen primar en cada nueva propuesta de este tipo. El gobierno debe estar en el Poder Ejecutivo y no resulta de recibo que se lo diluya en institutos corporativos multi participativos que debiliten las responsabilidades políticas en las toma de decisiones-. Ser Ministro implica el riesgo de asumir las decisiones políticas del caso, aún con el riesgo de las críticas más exacerbadas de quienes se puedan sentir perjudicados.

El agro y su institucionalidad esperan por definiciones....