Correo de los Viernes - La injustificable morosidad del gobierno provoca que Uruguay ingrese a la lista negra

La injustificable morosidad del gobierno provoca que Uruguay ingrese a la lista negra

Desde 2010 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene insistiendo al gobierno uruguayo que debe legislar en el sentido de que se privilegie la negociación bilateral entre empresa y empleados sobre la negociación tripartita en los Consejos de Salarios, pero como eso va en contra de las reclamaciones de la central obrera, nada se hizo. Como consecuencia de ello, la OIT incluyó a nuestro país en una “lista negra”, integrada por países que no cumplen con las mejoras en el derecho laboral.

Uruguay tiene un bien ganado prestigio por sus avances en materia laboral, pero esas conquistas, provenientes de principios del siglo pasado, empiezan a empalidecer ante la incomprensible demora del gobierno uruguayo de incorporar algunos cambios legislativos que le solicita la OIT.

La organización reclama, entre otras cosas, que Uruguay acepte la negociación entre empresa y empleados sobre las condiciones de trabajo y aumentos de salarios, por encima de la negociación tripartita con el gobierno en los consejos de salarios. Eso es rechazado por el Pit-Cnt —que perdería poder en caso de que se habilitara el mecanismo reclamado por la OIT— y en esa medida los gobiernos del Frente Amplio se ataron de manos y se callaron la boca desde 2010, cuando OIT hizo su primera observación.

Por ello es realmente inadmisible que tanto las autoridades nacionales como los voceros de la central sindical apunten sus baterías contra los empresarios, haciéndolos responsables de la situación creada, cuando es evidente que todo se debe a una temerosa y equivocada política oficial.

El ingreso a la lista negra —integrada por naciones como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Serbia, Cabo Verde, Filipinas, Laos, India, Fiji, Libia, Myanmar o Argelia— representa sin dudas un retroceso muy serio para un país que quiere mostrarse como avanzado, seguro para las inversiones y moderno. Integrar esa nómina es realmente denigrante y así tendrían que entenderlo las autoridades y la central sindical, los que, en vez de echarle la culpa a otros, deberían asumir sus propias responsabilidades.

Hay otras quejas planteadas ante la OIT, como la que refiere a las ocupaciones de los locales de trabajo que limitan el derecho al trabajo de los operarios que no ocupen el local, o la vinculada a la necesidad de que los sindicatos cuenten con personería jurídica —un atraso evidente si se quieren tener relaciones laborales modernas y serias— pero por ahora la OIT hizo lugar sólo a la primera de ellas. Es factible que en el próximo tiempo también haya resoluciones respecto a estos últimos temas.

Lo que se hace evidente es que el país no puede seguir siendo rehén de las prepotencias sindicales. El gobierno ya perdió ese partido y no hará nada en contra de lo que le indique la central sindical, a la que está tristemente sometido. Pero además del gobierno están los cientos de miles de trabajadores que quieren defender su trabajo y su salario y que advierten que la ideologización impuesta por el Pit Cnt no contribuye en nada a defenderlos. Por el contrario, los excesos sindicales ahuyentan las pocas posibilidades de inversión y de creación de fuentes laborales estables.

Lo que resuelva finalmente la OIT en la jornada de hoy será también una señal en el sentido de que el sindicalismo uruguayo debe cambiar, modernizarse y prepararse para enfrentar los desafíos de este tiempo, en vez de seguir atado a las fórmulas y fantasmas ideológicos del pasado.