La nueva política salarial fue anunciada en pequeñas dosis, como para que el sindicalismo la pudiera digerir mejor, cosa que —era de prever— no ocurrió.
Primero, la semana pasada, desde el gobierno se hizo circular un rumor acerca de las nuevas pautas para la próxima ronda de los Consejos de Salarios: se va a la desindexación de los aumentos, esto es, desanclarlos de la inflación pasada, lo cual ya había sido planteado el año pasado como una necesidad por el entonces Ministro de Economía Mario Bergara. La versión generó el rechazo inmediato del sindicalismo. Richard Read, el poderoso dirigente de la bebida, expresó: “Desindexar es igual a rebaja salarial y eso es conflicto. Nos veremos en la cancha” y el Secretariado Ejecutivo de la central sindical emitió una declaración rechazando “enérgicamente la idea de desindexación salarial” ante “trascendidos que anuncian que en las próximas negociaciones salariales el Poder Ejecutivo podría estar proponiendo dicha alternativa”.
Ante la reacción sindical, el Ministro Murro señaló que “de ninguna manera se está pensando en desindexar salarios”. Empero, Juan Castillo, actual Director Nacional de Trabajo (y ex dirigente de la central, como Murro), expresó que “desindexación es una mala palabra para el movimiento sindical y la mala palabra para el gobierno es el crecimiento de la inflación”, por lo cual “entre las dos malas palabras hay que ver cuál es la que menos daño le hace a la población uruguaya, qué es lo que menos castiga el salario, qué es lo que menos complejidad le trae a los que ganan menos”.
Y finalmente aparecieron oficialmente las nuevas pautas que, como suele ocurrir cuando no se quiere ser explícito en los objetivos que se persiguen, son prácticamente un galimatías. Las ramas de actividad se clasificarán en tres grupos: dinámico (con ritmos de crecimiento de 4% anual o superior), medio y “con dificultades”. El primer grupo debería dar un aumento nominal anual de 10% en el primer año de vigencia de cada acuerdo, de 9% en el segundo y de 8% en el tercero; el segundo grupo, 8,5%, 7,5% y 7%; y el tercero, 8%, 6,5% y 6%. Para los salarios más sumergidos habrá aumentos adicionales (se preven dos franjas). Y en lo que refiere a la inflación pasada, en los convenios a dos años, habrá un comparativo al final del convenio y si fuera necesario se introducirá un correctivo. En el caso de los convenios a tres años, el comparativo se hará dos veces: al final del segundo año y al finalizar el convenio. Para todos los casos se agrega una cláusula gatillo si el IPC anualizado superara el 12% (ya no más el 10%...).
Detalle adicional no menor: cada grupo salarial deberá autoclasificarse como “dinámico”, “medio” o “con dificultades”. Si no hubiera acuerdo, el Poder Ejecutivo lo hará de oficio en cada caso. O sea, se introduce en la negociación colectiva un nuevo factor de tensión.
Claramente, sin decirlo expresamente, se está introduciendo una desindexación, porque los porcentajes de aumento propuestos, además de ser moderados, no aseguran el piso de inflación. Los aumentos reales se darán en el primer grupo, el “dinámico”. En los otros grupos los aumentos serán menores al 2% o, directamente, habrá pérdida salarial que recién se corregirá a los dos años. Y todo ello siempre y cuando se mantenga la inflación en los niveles actuales. Resulta significativo que el gobierno haya decidido elevar el umbral del “gatillo” de 10% a 12%.
Fernando Pereira, el presidente del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT cuestionó severamente las pautas del gobierno por varios motivos, pero el primero que mencionó es que los convenios “no están atados a la inflación”. Además ha recorrido los medios subrayando que los empresarios están contentos por las pautas y que eso es un claro indicador de para qué lado juega el gobierno en esta oportunidad.
Desde CORREO varias veces alertamos que la política salarial debía corregirse, desindexándola e introduciendo criterios de productividad porque contradecía el esfuerzo antinflacionario, del mismo modo que lo hacía la política fiscal. Hacerlo en tiempos de bonanza suponía, naturalmente, un enfrentamiento con los sindicatos pero de menor volumen, porque si se introducían los correctivos fiscales y los salariales, el IPC hubiera estado bajo control y los trabajadores no hubieran perdido salario.
Pero el Poder Ejecutivo de entonces, cuyo Vicepresidente era el actual Ministro de Economía y el equipo del Ministerio era prácticamente el mismo que el actual, se cebó y llegamos al punto en que la economía pierde competitividad aceleradamente, se caen las exportaciones y el frente fiscal está en crisis, con un déficit parecido al que se registró durante el 2002, alimentando una inflación en zona de riesgo. En ese marco es que el gobierno frenteamplista se decidió a introducir los correctivos. O sea, esperó que la sangre llegara al río para hacerlo.
La gran interrogante es si el Frente Amplio, en el gobierno y en el Parlamento, tiene espaldas para enfrentar una coyuntura así de compleja. Si sucumbe a la presión sindical, el ajuste se llevará a cabo automáticamente por la vía de la inflación y el desempleo, lo cual es el peor de los escenarios posibles. Si el gobierno no cede, va a enfrentar un ola de conflictos muy importante y fuertes presiones de los propios sectores del Frente Amplio. No nos alegra en absoluto, pero la imprevisión irresponsable les está pasando la factura.
