Como en la novela de Alejandro Dumas “El Vizconde de Bragelonne”, el pasado retorna, solo que la pureza heroica de los Tres Mosqueteros no está presente en este relato uruguayo y no aparece por lado alguno.
Si miramos el tema desde el ángulo jurídico, el episodio es importante, porque hace a las instituciones de la democracia, tan agredidas por este tema, en que parte de nuestra Justicia ha ignorado el valor de una ley ratificada dos veces en plebiscito popular, con el máximo posible de legitimidad, para abrir el espacio a una aplicación retroactiva de una norma penal internacional. De a ratos, esa misma Justicia ha reaccionado con equilibrio, como cuando declaró inconstitucional la llamada “ley interpretativa”, que intentó cambiar la propia Constitución de la República. Pero esa jurisprudencia vacilante da la impresión de actuar más a golpes de opinión pública, presiones internacionales y microclimas instalados en el país por organizaciones que presuntamente defienden los derechos humanos e ignoran todos los días las horribles violaciones que ellos sufren en este Uruguay progresista. El mismo en que los perros se comen enfermos mentales en establecimientos públicos, los sindicalistas rapiñan la administración de salud o avalan la violencia contra menores internados.
La primera observación que cabe hacer es que el señor Héctor Amodio Pérez, más allá de su participación en una organización criminal, hoy estaría beneficiado por la ley 15.737, que declaró la amnistía de todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con ellos, desde el 1º de enero de 1962. La amnistía es de los delitos, no es un perdón personal, es la extinción del hecho criminal. A este título, sin ir más lejos, hemos tenido en esa situación a un Presidente de la República y a dos Ministros actuales.
Ahora ha sido llamado a declarar en un procedimiento que se sigue por torturas y sevicias contra un conjunto de detenidas. Se han amontonado allí los testimonios de ex tupamaros. Notoriamente son testigos con absoluta animosidad contra el susodicho Amodio. El señor Marenales llegó a decir que lo condenaron a muerte y que no lo mató porque no tuvo un arma a su disposición, aclarando luego que el MLN no sabe que hará ahora, como si tuviera alguna posibilidad de hacer algo. O sea que si no hay otros elementos más claros, estos testigos que poco o nada valen. Pero con ellos, el MLN intenta vengarse de su “condenado”, tratando de hacerlo caer en la excepción del artículo 5º de la ley de amnistía. Ese artículo textualmente dice que están excluidos de la amnistía “los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueron autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas luego desaparecidas, y por quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas”. En una palabra se trataría de demostrar que este hombre tuvo la intención deliberada (el dolo) de entregar gente para ser torturada. Lo que claramente es difícil de demostrar, cuando lo que estaba tratando era de salvarse él o aliviar su condición de prisionero de las FFAA. Insistimos en el dolo porque el delito requiere deliberación.
En todo caso, si así fuera, se abriría otro espacio de investigación contra otros tupamaros que también señalaron a sus camaradas. Quizás el caso más notorio es el de alguien que está muerto y que es el de Wassen Alanis, principal informante en el tema de la “cárcel del pueblo”, episodio que la historia oficial tupamara le endilgó, como todo lo malo, al tal Amodio Pérez. Es evidente que en esa hipótesis quien estaría más comprometido es el Ministro de Defensa Fernández Huidobro, a quien Zabalza acusa de toda clase de traiciones y que es notorio que, junto a otros, como el escritor Rosencof, tuvieron un trato privilegiado con los militares y llegaron a pactos y acuerdos que hoy parecen inverosímiles pero que están más que probados y reconocidos.
Por otra parte, el delito de ”torturas” que sería el del expediente investigado, fue tipificado por el Estatuto de Roma en 2002, o sea treinta años después del hecho presuntamente delictivo. La aplicación retroactiva de la ley penal se sabe desde siempre que es el mayor agravio contra el principio de legalidad y el Estado de Derecho. Ya se ha hecho, desgraciadamente, en algún caso.
De modo que el tema jurídico, aun con las dudas siempre posibles, no parecería incriminar específicamente al tal Héctor Amodio Pérez. Salvo que abramos del todo la Caja de Pandora y surjan de allí sapos, centellas, rayos y cocodrilos, muchos de los cuales hoy están bendecidos por la República. Ojalá todo termine cuanto antes, nuestra Justicia no quede malparada y la ciudadanía pueda atender sus enormes desafíos del presente y no seguir distraída con las peores historias de su peor pasado.
