El mundo financiero, sean bancos, organismos, entidades empresariales, inversionistas, etc. se guían, para su participación en proyectos de toda índole programados por los gobiernos, como ser, obras públicas, compra de deuda, inversiones directas, etc. en diversos análisis. Entre ellos, en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado anualmente por la organización no gubernamental Transparencia Internacional.

Esta organización define la corrupción como "el abuso de poder encomendado para beneficio personal". Desde al año 1995 publica en una escala de 0 a 100, donde 0 significa ausencia de corrupción y 100 equivale a muy corrupto, determinando dicho índice en base a encuestas a expertos y empresas.

Transparencia Internacional publicó en enero de 2020, discriminado por años, el índice a que hacemos referencia, para el período 2012/2019. El análisis abarca 180 países, iniciándose con Dinamarca (0) y finalizando con Somalia. Uruguay ocupa el lugar 21, siendo el de mejor índice de América Latina.

Lo anterior viene a cuento, porque creemos, lamentablemente, que en base a la decisión de transparencia total en todas las acciones del estado del gobierno del Dr. Lacalle, contrariamente al secretismo impuesto por 15 años de gobierno del FA, agregado a ello las auditorías que se están realizando en todos los organismos , surgen y surgirán datos de reiteradas desprolijidades en el manejo de fondos públicos, algunos, por tratarse de hechos con apariencia delictiva, pasados a la justicia. En ese sentido, en cuanto a "el uso del poder encomendado para beneficio personal", no creemos mejor ejemplo que el de destinar 94 millones de dólares para publicidad y propaganda de Antel, que dispuso Carolina Cosse en una acción, no disimulada, de promoción personal, para su candidatura a la Intendencia de Montevideo.

Los ciudadanos asistimos -no sin asombro- a situaciones por lo menos irregulares, en Ursec, Mides, Asse, Inau, bandejas escolares, hospitales públicos, etc. O que desaparezcan cuadros de Figari del despacho del Intendente de Montevideo (período Ana Olivera) y aparezcan en una galería para su venta en Buenos Aires.

La última perla, que no será la última, es el faltante de 7 millones de pesos de la cuenta del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos y Culturales (Conaef), dependiente de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). A ello se agrega, el destino de fondos en forma irregular, duplicada y hasta sin controlar, por ejemplo, si los sponsors para determinado proyecto, habían efectivamente realizado el depósito correspondiente. Tema al que nos referiremos en próximas columnas.

En definitiva, se está comprobando una ligereza y sin duda, una indebida corrupción, en el manejo de bienes y fondos del estado, ininterrumpidos en 15 años de gestión, que, insistimos, no creemos nos hubiéramos enterado, si el Frente amplio hubiera ganado las elecciones nacionales.

A la irresponsable instrucción del expresidente Mujica a los directores de las empresas públicas: "gasten" sin importar qué y para qué, se suman las situaciones que hemos ido conociendo -¡y faltan!- que nos pueden llevar a una pérdida de credibilidad del país. Contra eso, todos debemos cerrar filas, apoyando al gobierno desde el lugar que nos toque, aún sea sólo desde nuestro entorno familiar, para que nuestro Uruguay, vuelva a ser la Suiza de América Latina.