La Republiqueta del Mides

Por Jorge Ciasullo

Desde que gobierna el Frente Amplio, se ha vuelto costumbre que secretarios de estado o directores de los entes autónomos, tomen decisiones relacionadas con el manejo de fondos públicos, de dudosa institucionalidad y necesidad. Baste recordar Antel Arena, Ancap y sus apoyos financieros a artistas compañeros o a radios inexistentes y la vergonzosa disposición de Alur de realizar pagos “salariales” por años o en forma mensual y continua, disfrazados de donaciones.

En los últimos meses han sido un ejemplo de ello las acciones desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), bajo la conducción de la ministra Marina Arismendi. Ésta, fiel a sus convicciones, contraria al decreto que otorgó al Ministerio del Interior potestades para impedir el corte de calles o rutas, declaró: ”Impedir que se impida el bienestar de la gente”; “como comunista que soy yo peleo por la mayoría de la población” (El país 24.03.2017).

No solo se ha manifestado públicamente contra una decisión del Presidente de la República, sino que permanentemente sus decisiones son un reflejo de: “aquí mando yo”. Así, en el mes de marzo pasado, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), había observado una serie de contrataciones directas realizadas por el Mides por considerarlas irregulares y hasta, algunas de ellas inconstitucionales.

Ahora, el TCR objetó contrataciones por decenas de millones de pesos, realizadas desde mediados de 2016 hasta el presente, en particular, observando el gasto dispuesto a 70 instituciones para brindar servicios de cuidados. Sin embargo el gasto fue reiterado, tanto por la ministra Marina Arismendi, como por la subsecretaria Ana Olivera, pasando en consecuencia a consideración de la Asamblea General. En resumen dado el sistema vigente y las miles de observaciones del TCR, éstas y otros expedientes similares del TCR, pasan al “sueño de los justos”.

Largo sería enumerar aquí, cada una de las observaciones realizadas a los distintos gastos dispuestos, violatorios del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Se observaron en distintos contratos una o varias irregularidades. En apretada síntesis: contratación directa superando el monto permitido; no ajustarse a las excepciones previstas; omitir exigencias especiales; introducir modificaciones una vez abierto el acto; no investigar si el interesado en un proyecto presentado por una sociedad civil es funcionario público; pago de un contrato en una sola cuota; someter el contrato a la intervención del Tribunal de Cuentas después de adjudicado el dinero (contraviniendo el artículo 211 de la Constitución), etc.

Los beneficiarios de estos recursos fueron instituciones privadas, que ofrecen sus servicios para auxiliar a los sectores más vulnerables de la población, entre ellos: el cuidado y acompañamiento de ancianos que no tienen familiares que se ocupen de ellos o que viven en la indigencia; centro nocturno para hombres solos; personas con discapacidades; clasificadores de residuos; adjudicación de plantas para procesamiento de envases, etc.

Desde ya que, vaya si estamos de acuerdo con los fines sociales de todas estas acciones, el problema es que en el apuro de la “pelea de la ministra por el bienestar de la gente”, más allá del gasto, deben tomarse recaudos que aseguren transparencia, seguridad y eficiencia.

Entendemos que aquellas contrataciones que se realicen a privados que aspiran a prestar servicios de cuidados, deben ser rigurosamente seleccionadas y controladas. En este último aspecto, recordemos lo sucedido en un hogar para ancianos del Prado en mayo de 2016, donde, a raíz de un incendio, murieron 8 personas. Ante esa tragedia la ministra reconoció:

“se fue, se advirtió, se amonestó, se planteó lo que tenía que ver con la cantidad de funcionarios por persona”. (Montevideo Portal 28.95.2016). Evidentemente, luego de efectuadas esas observaciones, no se realizó el seguimiento correspondiente que demostrara se habían corregido las deficiencias señaladas.

El Frente Amplio se ha caracterizado en gobiernos de la hoy oposición, por reclamar airadamente ante observaciones del Tribunal de Cuentas, en particular ante gastos aún superfluos, como el caso de la donación por parte de Ancap de 10 bolsas de portland para la realización de una escultura al caballo, que bajo presión política, llevó a dos directores a ser procesados con prisión.

No está en nuestro ánimo más que el bienestar y hasta la vida de todos los proyectos de auxilio y asistencia por parte del Mides, a los sectores más carenciados de la población, a quienes está dirigido, pero, reiteramos, bajo una gran transparencia, algo que en algunos contratos, al estar por las observaciones del TCR es, por lo menos, dudosa.

Es probable que ciertos sectores del gobierno, acusen a la prensa de politizar, cuando informa sobre irregularidades como las comentadas, relacionadas al manejo de fondos públicos. Ya lo han hecho, por ejemplo cuando se conoció a través de distintos medios, el proyecto de compra millonaria de un inmueble por parte de la IMM. Proyecto cuya licitación tenía nombre y apellido y que, al tomar estado público, fue suspendido. En esa oportunidad, se sostuvo que “se busca generar alarma publica con el propósito de lesionar la gestión del gobierno”.

El deber de la prensa es informar, si se pretende que sólo publique aquello que el gran hermano considere apropiado, algo que felizmente, nuestra prensa, aún bajo riesgo de no beneficiarse con avisos u otras formas de apoyo jamás han aceptado, en caso contrario estaríamos en una republiqueta.



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