La Convención colorada y la “inclusión financiera”

El pasado sábado 2, la Convención Nacional del Partido Colorado ratificó su oposición mayoritaria a la llamada “Ley de Inclusión Financiera” en su redacción actual, disponiendo que la bancada de legisladores del Partido negocie cambios en la misma, dejando en libertad de acción a los convencionales y sectores partidarios en cuanto a adherir o no a las iniciativas de reforma constitucional para revocarla.

No han sido pocos —especialmente en las redes sociales— aquellos que han criticado con dureza la posición asumida por la Convención Nacional del Partido el pasado sábado, como si ésta hubiera optado por un “no pronunciamiento”, permaneciendo muda respecto de la llamada “Ley de inclusión financiera” (que otros, no sin razón, llaman “de bancarización forzosa”). Ley que, por otra parte, es oportuno recordar que todos los legisladores colorados votaron por la negativa en ambas cámaras legislativas.

Contrariamente a lo que esa (errónea) impresión haría pensar, en la Convención se dio un verdadero debate, con posiciones encontradas, lo que da cuenta de que el tema fue abordado con la intensidad que ameritaba.

Claramente, a partir de las diferentes intervenciones, se advirtió que entres los convencionales había tres posiciones diferentes. Una de rechazo total a la ley y de apoyo a los plebiscitos, cualquiera de las dos iniciativas que se han presentado (aunque ambas son bastante diferentes en su formulación y posibles consecuencias). Otra de oposición a la actual redacción de la ley, pero que aspira a modificar ésta por vía parlamentaria ante la incertidumbre que generan las referidas iniciativas, especialmente una de ellas porque pone en entredicho la vigencia de innumerables contratos y hasta dejaría sin sustento jurídico al pilar de capitalización individual (las AFAPs) del actual régimen de previsión social. Y también hubo manifestaciones de respaldo en general a la ley, aun cuando se discrepara con aspectos puntuales de la misma.

Frente a ello, se presentó una moción —que obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario— que deja en libertad de acción a sus convencionales, agrupaciones, sectores y legisladores en las campañas de reforma constitucional contra la ley de inclusión financiera. Asimismo, recogiendo también un apoyo casi unánime, se aprobó una moción para encomendar a los legisladores a realizar las gestiones pertinentes a efectos de modificar dicha ley, especialmente en momentos que el oficialismo ha dado fuertes señales de que está dispuesto a ello.



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