Correo de los Viernes - Ilegal e inconveniente

Ilegal e inconveniente

En su desesperada carrera para obtener recursos de dónde sea, el Ministro Astori anunció que las obras de infraestructura comprometidas con UPM se financiarán en parte con recursos del Fondo de Estabilización Energética, lo que es rotundamente ilegal.

El artículo 773 del presupuesto de 2010 –ley No. 18719– creó el Fondo de Estabilización Energética (FEE) con el objetivo de reducir los impactos negativos de los déficit hídricos sobre la situación financiera de UTE.

La idea fue buena y en su momento fue votada por todas las bancadas, ya que, en un país que muchas veces ha tenido que enfrentar sequías muy duras, es razonable que se prevea un mecanismo para amortiguar las consecuencias negativas de las mismas en la empresa energética estatal.

Ni esa ley mencionada ni el decreto que la reglamentó, de 19 de diciembre de 2011, establecen la posibilidad de que el Poder Ejecutivo utilice los recursos del Fondo con otra finalidad. En forma textual, la ley indica que “Las reglas para el uso del FEE estarán regidas por criterios vinculados con las condiciones hidrológicas de las cuencas relevantes para la producción de energía eléctrica”. Ni siquiera la ley indica que el Fondo pueda utilizarse para reducir el costo de las tarifas de UTE, como algunos dirigentes políticos han mencionado como posibilidad.

Pese a ese claro mandato legal, el Ministro Astori anunció recientemente que el gobierno usará U$S 173 millones del Fondo de Estabilización para financiar parte de las obras de infraestructura a las que se ha comprometido con UPM para que instale su segunda planta. Según informaciones de prensa el Ministro de Economía informó que el FEE tiene actualmente U$S 300 millones, de los cuales U$S 173 millones son excedentes, por lo que el gobierno solicitará a UTE y a la Corporación para al Desarrollo –que administra el FEE– el pasaje del excedente para atender las “inversiones fundamentales que el país requiere en materia de infraestructura”. Astori aseguró que el país está muy lejos de tener una emergencia energética por el cambio en la matriz que se registró en los últimos años.

Es evidente que el Poder Ejecutivo necesita una ley para proceder al uso de ese fondo y si la ley no existe, el gobierno estará realizando directamente un saqueo, que luego tendrá consecuencias políticas y penales.