“Holding”: de legalidad discutible, innecesario y peligroso

El semanario “Búsqueda” dio cuenta ayer de la intención del Poder Ejecutivo de enviar a la brevedad al Parlamento un proyecto de ley sobre empresas públicas que, entre otros cambios (algunos positivos), proponen la creación de un organismo centralizado que opere como “propietario” de esas empresas, siguiendo el modelo aplicado en Chile y Perú. Se incrementa así el riesgo de burocratismo, clientelismo e ideologismo.

Que el Poder Ejecutivo proponga reformas a la gestión y gobernanza de las empresas del Estado, es positivo. Es extraño que se proponga hacerlo sobre el final del período, pero enhorabuena. Al y al cabo, es un debate que el país efectivamente se debe.

Según “Búsqueda”, el proyecto incluye la prohibición de que los directores de las empresas del Estado pasen desempeñar tareas similares en empresas privadas de rubros análogos hasta que medie cierto lapso. Es razonable porque tranca la famosa “puerta giratoria” entre sector público y privado, saltando a un lado y otro del mostrador, que potencia el riesgo de colusión.

También incluiría una reducción de directorios en aquellos entes y servicios descentralizados que cuenten con directorios de cinco miembros: pasarían a tres. Y se habilitarían los concursos de oposición y méritos para los cargos de alta gerencia y, en principio, por un lapso máximo de cinco años, salvo que cuenten con el visto bueno de la correspondiente gerencia general y la mayoría del directorio.

Hasta allí todo bien. Incluso —nos parece— habría más tela para cortar.

El punto que nos preocupa es el del “holding”, que operaría como “dueño” de las empresas del Estado. El propósito, se afirma, es fortalecer el control del gobierno sobre éstas. Está bien, dada la envergadura que éstas tienen en nuestra pequeña economía y su capacidad de desequilibrar las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo. La experiencia de ANCAP es más que elocuente al respecto, aunque no es la única.

Naturalmente, habrá que analizar la propuesta concreta cuando ésta se presente, pero a priori nos surgen dudas acerca de la legalidad de semejante organismo o “súper-directorio”. ¿Sería otra empresa pública? ¿Qué naturaleza jurídica tendría? La Constitución brinda poco margen para introducir un ámbito como el que se plantea. Tan poco margen brinda que, incluso, las unidades reguladoras (URSEC y URSEA) debieron crearse en el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que desde el punto de vista institucional es inconveniente pero la Constitución no brindaba en principio mayores márgenes para otra cosa. El mismo inconveniente se plantearía —tenemos la impresión— para una iniciativa de este tipo. Por otra parte, la Constitución también establece los márgenes de autonomía con que cuentan tanto los entes autónomos como los servicios descentralizados. ¿El “holding” le pasaría por encima a esas jurisdicciones que ya están constitucionalmente definidas?

Hasta que el país se dé una reforma constitucional en serio, no una dirigida a introducir mamarrachos ideológicos en la Constitución, Uruguay ya cuenta con la OPP para controlar a las empresas del Estado y es lo que —hay que reconocer con seriedad— ha hecho esta administración, en contraposición al deliberado desquicio que a ese respecto caracterizó a la administración Mujica. Si ya existe ese ámbito de control, que es la OPP, sumado al control político sobre los directores, en el actual contexto jurídico se nos ocurre innecesario introducir este “ámbito” que, por otro lado, comporta otros riesgos.

Por un lado, el riesgo de mayor burocratización. Porque si se opta por crear un nuevo organismo público, el riesgo de que el mismo devenga otro elefante blanco es demasiado alto. Y quien habla de burocratización, habla de clientelismo.

Por otro, el riesgo de ideologización. Los autores del proyecto, evidentemente, imaginan que será gente razonable y sensata la que se hará cargo. ¿Pero qué ocurriría si este súper-organismo cae en manos de los sectores que hoy son mayoría en el oficialismo?

No es paranoia. El proyecto de programa del Frente Amplio incluye propuestas como la creación de nuevas empresas públicas. Un holding que maneje desde la refinería de petróleo y las producción de energía hasta “la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad” puede llegar a ser un monstruo más peligroso —un verdadero monstruo de Frankenstein— que las empresas públicas actuales, cada una por su lado.

La concentración de poder es siempre peligrosa.



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