Nadie en su sano juicio puede objetar el rol de la oposición en una democracia plena como la nuestra. En primer término, como contralor de todos los actos de gobierno, lo que incluye también su participación en los directorios de diversos organismos. La Constitución de la República consagra tres instrumentos para ejercer contralor: los pedidos de informes, los llamados a sala y las comisiones investigadoras. Vaya si en lo que va del gobierno, se ha usado (¿abusado?) de estos instrumentos, sobre todo los dos primeros. Recordemos sólo el llamado a sala de la Sra. Ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche. Durante 15 horas se mantuvo a la ministra en sala, quien con total seguridad y argumentos irrebatibles respondió una a una todas las objeciones manifestadas por le oposición, más allá del abuso que la situación demuestra y que es notorio el escaso por no decir nulo interés de la ciudadanía por seguir el debate. Pero son las reglas de juego y como tal hay que aceptarlas.

Sin embargo, no se puede aceptar que senadores de la república como los señores Charles Carrera y Mario Bergara recurran una y otra vez a falacias para criticar al gobierno, con el agravante que, además de esa política constante, recurran a la Justicia pare denunciar "delitos contra el patrimonio público" en relación a la concesión otorgada en el puerto de Montevideo a KNG.

Por esa razón, el ex ministro de Transporte y hoy del interior, Luis Alberto Heber, y el prosecretario de la presidencia, Dr. Rodrigo Ferrés, debieron presentarse en la Fiscalía, para explicar la concesión otorgada.

En esa audiencia, detallaron que el Dr. Miguel Toma (secretario de la presidencia en el último gobierno del FA) les advirtió, durante la transición, que el país debía negociar con KNG para evitar un arbitraje internacional, relacionado con la participación de Mantecon, que en los muelles públicos movía (carga y descarga de contenedores) un 60% más de contenedores que en la terminal especializada, sin pagar los cánones correspondientes, operando como terminal, sin tener las habilitaciones correspondientes.

En resumen, Mantecon, incumplía la Ley de Puertos al realizar operaciones de carga y descarga o sea de terminal, pero pagando una tarifa de almacenamiento y, además, sin estar habilitada para ello. Por si fuera poco, como forma de eludir con los trámites correspondientes, para firmar esa concesión a Montecon, durante los 15 años de gobierno del FA, se le otorgó una autorización "transitoria" por noventa días, renovándose automáticamente por años, durante el mismo período.

En definitiva, no parece tener sentido la denuncia realizada por los senadores nombrados, más que aquél de oponerse a todo y contra todo.

Tal vez convendría recordarles algunas de las "maravillas" fracasadas durante los anteriores períodos de gobierno: PLUNA, ANCAP, Aratirí, puerto de aguas profundas, regasificadora, Gas Sayago, Alur, Fondes, Envidrio, Agolan, Olmos, etc.

Señores senadores, con todo respeto: a veces es mejor callar.