Graves desprolijidades en el manejo de los Fondos de Incentivo Cultural

Por Jorge Ciasullo

El pasado 30 de mayo, en al programa “No toquen Nada” (FM Del Sol), se informó que, por solicitud de la Ministra de Educación y Cultura a la Contaduría General de la Nación, a lo que se agregó la denuncia de un privado, se realizó una investigación en el manejo de los Fondos de Incentivo Cultural, la que reveló irregularidades de todo tipo.

Los Fondos de Incentivo Cultural (FI), regidos por la Ley Nº 17.930 de 2005 (art. 235 al 250 inclusive), benefician a proyectos de artes, patrimonio y tradiciones culturales en todo el país.

Los fondos se integran con aportes de las empresas contribuyentes al IRAE y al Impuesto al Patrimonio que, a cambio, reciben exoneraciones impositivas (beneficios fiscales). En enero de 2012, bajo el lema: “Invertir en cultura tiene 100% de beneficios” fue ampliado, extendiendo el beneficio a personas físicas ( Ley 18.834 art.190).

El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos Culturales (Conaef), dependiente de la Dirección de Cultura (MEC), está integrado por representantes de diversos ministerios, y es quien convoca todos los años, a presentar proyectos que puedan ser beneficiados, bajo la modalidad de Fondos de Incentivo. Los fondos, pueden tener tres destinos: fondo común, arte o un proyecto específico.

La Contaduría General de la Nación, realizó la investigación solicitada siendo sus conclusiones remitidas a la Auditoría Interna de la Nación, quien determinará las acciones a seguir.

Se establece en el informe que no se ha podido determinar qué destino han tenido los fondos en los últimos años; el libro de actas de la Conaef carece de las formalidades mínimas; las planillas Excel que se utilizan para registrar los movimientos de fondos, carecen de coherencia; no se confirma con certeza los saldos bancarios; tampoco se ha podido establecer que los fondos se aplicaron según las directivas de la Conaef y que desde el año 2013, no se audita el destino y manejo de fondos.

Entrevistada por el mencionado programa, la Contadora General de la Nación Laura Tabárez, confirmó lo señalado anteriormente, haciendo hincapié en que los registros contables, no estaban consignados “como debe ser” y más aún, que no tienen respaldo documental, por lo cual se han presentado serias limitaciones para “sacar conclusiones”, trasladando el informe a la Auditoría Interna de la Nación. De ella dependerá establecer, si se trata de desconocimiento o falta de formación de quienes llevaron los registros contables, destino de los fondos, etc. o si se está ante un dolo.

No deja de llamar la atención esta situación en una dependencia estatal y más aún el tiempo que ha pasado sin controles, sobre fondos que deben ser de millones de dólares, si se tiene en cuenta las donaciones, así como la suma que el Estado dejó de percibir por las exoneraciones otorgadas.

El propio Ministerio de Economía, según relató la Contadora Tabárez, administra el llamado Régimen de Donaciones Especiales, que provienen de universidades y de la Teletón. Las donaciones, van a una cuenta del Ministerio de Economía, con su destino (beneficiario) establecido, que debe recibir la confirmación del depósito correspondiente en 24 horas y a la vez se informe a la DGI. Se controla por un sistema informático, que: “toma la donación y emite un comprobante” con la “intervención únicamente de revisar por parte de funcionarios, que no manejan fondos, ni firman cheques”.

En definitiva, no se trata solamente del buen destino de los fondos, de su administración, de la información a la DGI, al donante y al receptor, sino, sobre todo de la transparencia que se debe tener en el manejo de fondos públicos frente a la ciudadanía. Hoy, con la llamada bancarización obligatoria, hasta un pequeño almacenero de barrio, sabe que debe registrar sus ingresos y egresos y que ambos deben estar respaldados por documentación fehaciente. Alguien dirá pero puede no registrar todos sus ingresos y de ese modo evadir impuestos, sí puede ser, sabe sus riesgos, ahora que eso ocurra en el Estado es, sencillamente, inadmisible.



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