Correo de los Viernes - Gobierno reduciría atención móvil de ambulancias ante los ataques delictivos

Gobierno reduciría atención móvil de ambulancias ante los ataques delictivos

En vez de prevenir los asaltos y arrestar a los delincuentes, el gobierno propone bajar el número de atención médica con ambulancias, para evitar los riesgos. Es el pensamiento del revés, como cuando se liberaron anticipadamente a ochocientos presos porque las cárceles estaban colmadas o cuando se intentó retirar el dinero del mercado. Hay barrios que son como “la franja de Gaza”.

En lo que corre de este año, hubo más de 20 ataques a los móviles médicos, superando largamente la cifra de 2018.

Un dirigente del sindicato de la salud, Gustavo Bermúdez, dijo que entrar a algunos barrios es como ir “a la franja de Gaza” graficando la peligrosidad de la situación. “El año pasado abrieron a un compañero con un destornillador” explicó el entrevistado.

Según una crónica de prensa, hace pocas horas, en El Dorado, un barrio periférico de Las Piedras, un móvil de UCM se detuvo en una casa, bajaron una doctora y una enfermera, quienes llegaban para atender a un paciente. Pasaron solo unos segundos. Cuando se quisieron dar cuenta, el chofer había sido encañonado. Lo hicieron descender y se llevaron el móvil, que apareció chocado a pocas cuadras de allí. Unos días antes, el jueves, otra ambulancia de UCM había sido atacada a pedradas en la zona de Colón. En lo que va del año hubo 22 ataques a móviles médicos, lo que incluye ambulancias y médicos de radio, según las estadísticas que maneja el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

“Todo el año pasado hubo 20 casos y este ya pasamos esa cifra”, dijo el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, quien considera que la frecuencia es “inusitada” para el país. “La situación es tremendamente preocupante para todos los trabajadores de la salud, condiciona la asistencia y la permanencia de los equipos en la calle; los colegas tienen miedo y en eso tienen razón”, indicó Grecco.

Desde la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), el secretario general Jorge Bermúdez afirma que todo se enmarca en la violencia que vive la sociedad y que “el tema de la droga” juega un papel preponderante.

Estos nuevos casos de violencia contra el personal médico son vistos con “preocupación” por el MSP, dijo a Radio Uruguay el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian. Y, como solución, desde el gobierno plantean disminuir la circulación en la calle de ambulancias y móviles: es decir, desalentar que los usuarios consulten por patologías que no requieren la atención domiciliaria. Por ejemplo, un simple resfriado o una alergia menor.

“Que el usuario se traslade”, afirmó Quian. “Nos acostumbramos a la comodidad de que nos vengan a ver pero no es lo que se hace en la mayoría de los países del mundo”. De hecho, la medida está en discusión en una mesa de negociación con todos los actores en juego (empresas, sindicatos y gobierno), junto a otras como que la Policía acompañe a los móviles de noche o en zonas difíciles, así como intensificar la campaña de comunicación y llegar a los barrios “para que se tome conciencia”.

Y sostuvo que hay que estudiar si debe ser modificada la “cultura arraigada” de levantar el teléfono y pedir un médico por una situación “que bien podría ser tratada en los centros asistenciales”.

La idea es rechazada de plano por las emergencias médicas. El vocero de la cámara que agrupa a las empresas, Jorge Díaz, dijo a El País que “el mundo cambia” y también las necesidades de los pacientes, que a su juicio son los que deciden dónde deben atenderse. Hoy prima la idea de movilizar lo menos posible a los enfermos, afirmó. Díaz puso este ejemplo: “Imaginate cómo estarían las puertas de los hospitales y sanatorios. Llenas y todos contagiándose en los inviernos por las virosis de turno”.

Es preocupante la impotencia con la que reacciona el gobierno. No es la primera vez que se recurre a la resignación y a la deliberada omisión del Estado para evitar enfrentamientos con las bandas delictivas. La obligación de las autoridades es exactamente la contraria: asegurar que las ambulancias puedan ingresar a los barrios, garantizando el derecho de los pacientes a recibir la atención móvil en su casa.

Lo que está proponiendo el Gobierno es básicamente injusto, porque los vecinos de los barrios pudientes no sufren ese problema, que se verifica en las zonas donde viven las personas con menores ingresos. Allí donde el Estado debería estar más presente es de dónde el Ministerio de Salud Pública resuelve retirarse. Un enorme retroceso.