Gobernabilidad y oportunismo

La instalación de la tercera planta de celulosa es la conclusión natural de una política de Estado que Uruguay ha mantenido en torno a la forestación y a las inversiones. El hecho nos recuerda, a la vez, que en el país hay estadistas y hay demagogos.

La firma del acuerdo entre el gobierno y UPM abre una interesante perspectiva para el país y por ello nos alegramos, aunque es imprescindible dejar algunas constancias.

Uruguay se compromete —como nunca antes— a realizar, en apenas dos años, una serie de ambiciosos emprendimientos vinculados a la infraestructura. Bienvenida sea esa oportunidad, pero todavía el gobierno no ha fundamentado de dónde saldrán los U$S 1.000 millones que se requieren. Desde el gobierno se ha señalado que se empleará el mecanismo de participación público-privada y que ya ha habido propuestas de potenciales inversores, pero salvo esas referencias genéricas, no se conoce nada más.

Adicionalmente, en lo que constituye un efecto secundario positivo, el gobierno asume también el compromiso de mejorar las escuelas de la UTU.

La empresa esperará hasta febrero del 2020 para dar una respuesta definitiva e iniciar el proceso formal de decisión de la inversión, a la luz de los avances registrados en las obligaciones asumidas por el Estado. Por tanto, si el gobierno no cumple su contraparte, UPM se reserva el derecho a retirarse del proyecto sin asumir riesgos de tipo alguno y con pérdidas mínimas.

No ha quedado claro el monto total que invertirá UPM. El gobierno dice que son U$S 4.000 millones, pero los voceros de la empresa hablaron de la mitad, de U$S 2.000, según indicó ayer el semanario “Búsqueda”. Esa es una contradicción importante que debe aclararse.

A su vez, Uruguay se compromete a un marco laboral excepcional, que impida las ocupaciones de la planta o los piquetes que limiten el traslado de mercadería. El gobierno se compromete a legislar sobre los acuerdos previos que se logren entre la empresa, la central sindical y el Ministerio de Trabajo. Celebramos esa posibilidad, pero desde ya nos preguntamos por qué ese tipo de marco legal no se extiende a todas las empresas y a todos los trabajadores. Con UPM no habrá piquetes, pero con el resto de las empresas puede haberlos…

Queda confirmado entonces que las inversiones industriales de porte en Uruguay son posibles si —y sólo si— el Estado garantiza condiciones excepcionales: zonas francas, exoneraciones de impuestos, garantías laborales extraordinarias. El gobierno y el Frente Amplio deberían tomar nota de esa situación que habla de que, en términos generales, el país no ofrece condiciones atractivas para la radicación de inversiones que incorporen valor agregado a la producción primaria. Para que ello ocurra, los inversores reclaman que se les conceda un enclave.

También es necesario recordar que este emprendimiento de UPM es posible por la ley de forestación primero, votada en 1987, y por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Finlandia después, aprobado en el año 2004 con los votos de los parlamentarios colorados y blancos, ya que los legisladores del Frente Amplio se opusieron en términos dramáticos, sosteniendo que Uruguay cedía su soberanía. Eso es precisamente lo que hace ahora el gobierno frenteamplista, obligándose a una serie de compromisos con una empresa extranjera y aceptando que en caso de que haya un litigio, el mismo sea dirimido no por la justicia uruguaya sino por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el Ciadi, tal como está previsto en el Tratado entre Uruguay y Finlandia.

Quiere decir que el Frente Amplio hace en el gobierno exactamente lo contrario de lo que sostenía en la oposición, demostrando un fenomenal oportunismo y una contradicción ideológica flagrante.

Por suerte para el Uruguay, hubo y hay estadistas que en su tiempo supieron impulsar la ley de forestación y los tratados necesarios para recibir grandes inversiones. Grandes inversiones que es deseable que se lleven a cabo en el marco de un régimen general, que comprenda a cualquier emprendimiento, nacional o extranjero, grande o pequeño, y no en un régimen de excepción. Hacia ello debería avanzarse.



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