Ganar unos derechos en Cuba no significa la postergación de otros

En su habitual columna para el The Washington Post, que compartimos, el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa cuestiona cómo mediante el reconocimiento del derecho al matrimonio gay, el régimen pretende borrar su pasado homófobo y machista, además de quitarle relevancia a la siempre presente violación de los derechos humanos.

El poeta cubano Amaury Pacheco, miembro del Movimiento San isidro, rechazó una invitación para participar en la exposición de arte Documenta, en Kassel, Alemania. El motivo de su decisión lo explicó en una declaración en Facebook: “La probabilidad de que al viajar a Alemania no me dejen regresar a Cuba es muy grande y no voy a dejar solos a mis hijos, esa no es una opción”. Hace más de un año que Pacheco está bajo la custodia de sus cuatro hijos pues Iris Ruiz, su pareja, madre de los niños y también integrante de San isidro, tuvo que viajar a Miami en busca de atención médica para tratar un cáncer tras sufrir varias negligencias en su tratamiento en Cuba. El temor del artista a que sus hijos quedaran a la deriva en la isla no es infundado: la nueva estrategia del régimen cubano se basa en expulsar al exilio a la sociedad civil e impedirles que regresen luego.

“Estoy en casa bajo cargos de desorden público e instigación a delinquir desde el pasado 11J —las protestas populares de julio de 2021—. Mis hijos han sufrido los cercos policiales por más de seis meses, los padecimientos de su madre, la distancia de la familia y la crisis económica”, escribió Amaury Pacheco, en un momento en el que, en Cuba, la unión familiar está en el centro del debate al aprobarse en la Asamblea Nacional un nuevo Código de las familias que se llevará a referéndum popular en septiembre y que incluye el reconocimiento del derecho al matrimonio gay.

Días antes de que Pacheco explicará su drama familiar, Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) tomó el micrófono en el parlamento cubano para “agradecerles” a los “máximos dirigentes históricos de la Revolución” que “fueron capaces de identificar los cambios que necesitaba el país para mejorar y avanzar”.

La intervención de la señora que más ha luchado por los derechos de la comunidad LGBTQ+ desde el gobierno deja claro algo que sabemos de sobra: Cuba está lejos de ser un Estado de derecho y todo, absolutamente todo en la vida de las y los cubanos, tiene que contar con la aprobación de los militares que tomaron el poder de la isla en 1959 y que aún lo poseen.

Por esa razón, una parte de la sociedad civil cubana ha manifestado públicamente su deseo de no participar en el referéndum o, en caso de hacerlo, votar no a la pregunta que estará en escrutinio: ¿Está usted de acuerdo con el Código de las familias?

Los argumentos de ese sector son que el matrimonio gay debió ser aprobado ya en la Constitución de 2019, de donde fue sacado el artículo que lo proponía para llevarlo ahora a plebiscito y utilizarlo como una cortina de humo que esconde el recientemente aprobado Código Penal que asfixia a través de la ley todo tipo de disidencia. Este nuevo Código de familia es una estrategia del régimen para limpiar su imagen en el, quizás, momento más crítico del castrismo de cara a la comunidad internacional y así adornar un poco las graves violaciones de derechos humanos de los últimos años. Con este paso, el régimen entierra, sin pedir disculpas ni retractarse, su pasado homófobo y machista que tuvo su expresión más brutal de 1965 a 1968, cuando personas homosexuales o consideradas fuera de los marcos estrechos de masculinidad impuestos por el régimen de Fidel Castro, fueron encerrados en campos de trabajo forzosos.

La esencia de los argumentos de este sector que no votara o votara “no” es, básicamente, que participar en el referéndum significa legitimar a la dictadura cubana. Y por supuesto que el castrismo se legitima con este ejercicio, pero no podemos ver el asunto desde esa perspectiva. Porque es una mirada discriminatoria y excluyente, que impide que una minoría históricamente lastimada, que ha luchado por sus derechos, acceda a ellos. Hay que mirar este escenario como un terreno que ganó la comunidad LGBTQ+ por demás en dictadura, después de vivir décadas de linchamientos, persecución y agonía por no poder tener acceso a una vida digna.

Que existan quienes desde dentro de la sociedad civil se opongan a que la comunidad LGBTQ+ obtenga sus derechos para construir una familia, no es otra cosa que una posición homofóbica, machista y con falta de sentido humanista. Parapetados en la idea de que “este no es el momento para pelear por esto, sino para lo otro”, este grupo de defensores de derechos humanos justifica su postura con el mismo argumento que utilizó a lo largo de los años el régimen cubano para impedir el matrimonio gay: ahora hay cosas más importantes en la vida.

Ganar unos derechos en un escenario no significa la postergación de otros en otro terreno. Es decir, que la comunidad LGBTQ+ pueda legalmente formar una familia y hacerse con la patria potestad de sus hijos no implica que se detenga la lucha por la liberación de los presos políticos en Cuba y que se sigan denunciando las violaciones de derechos humanos.

No se puede asumir la lucha por los derechos humanos en un país desde un solo lugar. Esta es una batalla multidireccional que implica ir paso a paso, apropiándose de cada espacio conquistado.



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