Desde el pasado mes de junio, funciona en el Parlamento una comisión investigadora que indaga el caso de las licencias sindicales "truchas" que fueran detectadas en la respuesta a un pedido de informes realizado por el Diputado colorado Felipe Schipani.

Hasta el momento, se ha logrado determinar que 38 dirigentes sindicales obtuvieron licencia de modo irregular en 20 liceos de todo el país durante el quinquenio anterior, en el que gobernaba el Frente Amplio.

Además del profesor de historia y expresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, que faltó 250 horas entre 2016 y 2017, aparece un listado de otros dirigentes sindicales como Mario Bango, que presentó 28 certificados en 2015 para participar en "actividades encomendadas" por el gremio.

Otro caso similar es el de Raúl May, que en el año 2018 presentó 27 certificados de Fenapes (algunos de los cuales fueron firmados por el entonces presidente del gremio Marcel Slamovitz), para justificar 194 horas de faltas. A eso se suman otros siete pedidos (entre 2016 y 2017) bajo el mismo formato. Por ejemplo, para participar de una "jornada contra la privatización educativa en Colonia" que se realizó en 2018.

Según se supo esta semana, eran varios los Directores que elevaban sus quejas a las autoridades de la época. No obstante, según reconoció Leonardo Olivera en el Parlamento, uno de los exdirectores engañados por los sindicalistas, "estábamos en arenas movedizas, no sabías del todo bien qué hacer". Además, reclamó que no les pase nuevamente lo de 2017, haciendo referencia a la "falta de respaldo de las jerarquías intermedias".

Al ser consultado por el "engaño" con los certificados, Olivera aclaró: "Creo que la palabra exacta no es engañado, es desprotegido, porque el propio sistema no me dio las herramientas para ser preciso".

"Tengo que justificar a un docente por 70-10 porque lo dice un papel, en base a un convenio que se supone existe. Si no lo hago, quizás esté lesionando el derecho del trabajador y le esté descontando algo que no corresponde", explicó el exdirector.

Según él, no tenía razones para dudar del convenio a los que los sindicalistas se acogían para faltar ya que el propio inspector de Institutos y Liceos (que declinó de asistir a la investigadora parlamentaria) le había dicho que existía. "Que el documento iba a llegar en algún momento, que debía tener alguna traba administrativa dentro del Consejo, pero que estaba llegando", señaló Olivera al respecto.

En definitiva, el exdirector dijo que recibió "decenas" de certificados por parte del dirigente sindical Mario Bango para justificar faltas por el acuerdo inexistente. En total, y solo en 2015, Bango justificó ilegalmente 56 días de ausencia.

Debido a la magnitud de las inasistencias, Olivera decidió hacer el planteo en una sala de directores de San José en la que pudo advertir que "era un procedimiento que se estaba dando en todos los lugares sin que nosotros supiésemos que pasaba tan masivamente en el departamento". Al consultar a sus colegas, también advirtió que las jerarquías les habían dicho lo mismo que a él. Es decir, que el convenio existía y que llegaría en algún momento.

La historia sigue y parece no tener fin. De momento, recordemos que, gracias a la LUC, que cambió la institucionalidad que permitía que las corporaciones gremiales cometieran estos excesos, hoy lo docentes no pueden justificar ilegalmente sus inasistencias. Eso es lo que nos jugamos en el referéndum que vendrá.