Encuestadoras deben aclarar si trabajan para el gobierno

El Parlamento está legislando sobre las finanzas de los partidos para dar más transparencia a las elecciones. Pero también hay que obligar a las empresas de encuestas a que declaren quiénes las contratan.

Varios países han legislado en el sentido de que las empresas encuestadoras deban declarar qué entidades públicas, gobiernos municipales o partidos políticos las han contratado. La norma es de sentido común, dado que las encuestas, con sus resultados y tendencias, van formando opinión y es saludable saber para quienes trabajan.

Hace pocos días, ante una requisitoria del diario El Observador, el Presidente de la República se negó a ventilar información sobre los temas respecto a los cuales el Poder Ejecutivo contrata investigaciones de opinión. El diario había apelado a la ley de acceso a la información pública pero el gobierno invocó criterios de reserva, claramente ilegales, y no dio la información. Como consecuencia, los lectores se quedaron sin saber los contenidos de las encuestas contratadas por Presidencia, pero a la vez no pudieron saber cuántas encuestas contrata el Poder Ejecutivo. ¿Son dos? ¿Son varias?

Y la Intendencia de Montevideo, ¿cuántas encuestas contrata? ¿Son las mismas que trabajan para el Poder Ejecutivo? ¿No serán las mismas encuestas que dan un aceptable margen de aprobación a la gestión del Presidente y un respaldo mayoritario al Intendente de Montevideo? Creemos que sí, pero no tenemos los elementos que nos permitan confirmar nuestra interpretación. Hace falta una ley que obligue a las empresas de opinión pública a declarar para quienes trabajan. Eso no es una intromisión indebida, sino un dato imprescindible en este tiempo en el que el propio Estado usa y abusa de los datos personales y en que cada vez más las empresas de toda índole están obligadas a transparentar su gestión.



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