El ex Presidente Lula hace desesperados esfuerzos por mantener a Dilma en el poder y le ha ofrecido enormes beneficios a los senadores gubernistas y de la oposición. Ese fue el motivo por el cual Fernando Henrique Cardoso se sumó a la exigencia de renuncia de la Presidente, según interpreta el periodista Álvaro Vargas Llosa en nota que aquí reproducimos.

El ex Presidente Fernando Henrique Cardoso había estado hasta ahora muy comedido en sus juicios sobre el gobierno de Dilma Rousseff, evitando pedir la renuncia de la mandataria o su destitución por la vía del Congreso. Pero algo cambió en los últimos días, cuando las nuevas manifestaciones populares contra el gobierno brasileño, que reunieron a un millón de personas en decenas de ciudades, animaron a diversas figuras simbólicas o institucionales del Brasil más respetable a pedir la dimisión de Dilma.

¿Qué ha cambiado? En lo esencial, nada. En lo coyuntural, mucho: el surgimiento de un pacto conocido como el “acordão” y promovido por Lula da Silva para proteger al gobierno mediante un intercambio de favores políticos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que alcanza también a sectores jurisdiccionales como la Procuraduría General de la República y a muchas empresas acusadas de corrupción. La idea sería preservar a Dilma y garantizar la estabilidad del gobierno en una circunstancia dramática para ella: su índice de popularidad, que a duras penas lame el 8%, está haciendo que se desmorone no sólo el respaldo de partidos aliados sino también el de muchos miembros del Partido de los Trabajadores (PT).

La componenda que se está organizando ha asustado a la oposición formal, empezando por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y a los grupos que han ido surgiendo en la calle y en las redes sociales, y han abanderado la protesta ciudadana últimamente. Son varios pero se destacan especialmente dos: “Revoltados online” y “Ven Para Rua”. La posibilidad de que los actores del sistema populista y proteccionista, muchos de ellos directamente vinculados a la corrupción y a las instituciones encargadas de hacerle frente, tramen una supervivencia que les garantice la impunidad pero también la permanencia en el poder más allá de 2018 ha acelerado los tiempos. De allí el salto cualitativo que ha dado la oposición, de la que el pedido de renuncia que Fernando Henrique Cardoso ha lanzado a Dilma es emblemático.

Sucede que Lula, sobre quien se va cerrando el cerco con diversas revelaciones sobre su participación en la trama mercantilista entre el Estado y muchas empresas acusadas de corrupción y que está siendo investigado aparentemente en serio, ha decidido poner en movimiento sus dotes políticas. Y lo ha hecho promoviendo un acuerdo en el que es pieza clave el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el aliado principal del gobierno después del PT. Los presidentes de las dos Cámaras del Congreso pertenecen a él, así como muchos de los congresistas que hoy impiden que existan los 342 votos necesarios para iniciar un juicio político a Dilma. El PMDB tiene, además, una influencia determinante en instancias como el Tribunal de Cuentas de la Unión, que vela por el presupuesto público y podría acusar a Dilma de haber violado deliberadamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, así como influencia en la Procuraduría General de la República, una de las instituciones medulares del combate contra la corrupción: el procurador Rodrigo Janot todavía no ha sido confirmado por el Senado.

En los últimos meses, el PMDB se ha distanciado del gobierno y los presidentes de las Cámaras le dieron la espalda, especialmente el de Diputados, Eduardo Cunha, que tiene control de parte de la agenda legislativa y cuyo papel sería decisivo en un juicio político contra Dilma. Aprovechando que los presidentes de ambas Cámaras han sido relacionados con la trama de corrupción, Lula ha intentado recuperarlos para el gobierno. Lo ha logrado ahora con el presidente del Senado, Renan Calheiros, pero no con Cunha. El primero ha dado una nueva voltereta, esta vez en favor de Dilma; la conjetura generalizada en los mentideros políticos es que, a cambio de ello y de ratificar al procurador general en el Senado, el hombre del PMDB se librará de una acusación. Esto último contiene una dosis de especulación, pero como la percepción en política cuenta mucho, el “acordão” ha activado un resorte tanto en la calle como en la oposición.

La trama va más allá del mundo político y jurisdiccional: las grandes empresas acusadas de haber formado un cartel para repartirse las licitaciones de Petrobrás, el gigante energético que está en la base de lo que se conoce como el “Petrolão”, están tratando de negociar acuerdos que libren de la cárcel a sus ejecutivos a cambio de información y la admisión de culpabilidad. Con el argumento -ciertamente creíble- de que el desbarajuste económico del país se agravaría aun más si se produjera un proceso de destitución de Dilma, muchas de estas empresas y varios gremios influidos por ellas han pedido que Dilma continúe y que la oposición sostenga al gobierno.

Tres empresas -Setal Engenharia, SOG Oleo e gas y Camargo Correa, una de las grandes constructoras del país- ya han llegado a un acuerdo, por ejemplo, con la entidad antimonopolio en el Ministerio de Hacienda, que les garantiza lenidad por parte de las autoridades. Muchas otras están negociando algo parecido (en el cartel había hasta 23 empresas brasileñas). No es de extrañar, pues, que los empresarios sean receptivos al pacto organizado por Lula, pues para ellos el beneficio es doble: evita un agravamiento de la situación jurídica existente o potencial que los afecta y logran que amaine un poco la incertidumbre que ahora dificulta mucho el esfuerzo por superar la crisis económica.

Ese es el sentido doble que tiene, por ejemplo, la declaración del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sao Paulo, Alencar Burti: “El juicio político es un asunto traumático que afecta a sectores políticos y empresariales en un momento en que Brasil lucha por recuperar credibilidad en el extranjero”. Y es la razón por la cual el gigante de las comunicaciones, Global Comunicação e Participaçoes S.A. se ha dedicado a promover intensamente la idea del pacto para evitar el juicio político.

Todo esto, sin embargo, tropieza con dos inconvenientes graves. El primero es que aviva la percepción de que el “sistema” brasileño pretende eternizarse. El segundo es que el promotor principal del “acordão” ya no está nimbado por el halo de santidad política que lo protegió durante tanto tiempo. Lula da Silva es hoy vituperado por millones de personas en las calles y el “lulapetismo”, como suele decir Cardoso, es percibido como la nuez del problema.

Lula se libró de ser incluido en el juicio relacionado con el escándalo de corrupción conocido como el “mensalão” durante su Administración en 2005 y por el que fueron sentenciados 25 políticos y empresarios (el caso tuvo que ver con el soborno de parlamentarios por parte del partido del gobierno y la financiación ilegal de esta organización). Pero entonces Lula gozaba de apabullante popularidad en casa y prestigio fuera de ella, y la economía parecía en condiciones de sostener el populismo consistente en potenciar artificialmente el consumo y subvencionar a millones de pobres (y no tan pobres). Hoy, la situación de Lula es muy distinta.

Las revelaciones sobre sus relaciones con empresas a las que benefició el “lulapetismo” con créditos a través de entidades estatales -como el banco de desarrollo BNDES- lo tienen contra las cuerdas en un contexto de crisis económica, desprestigio del PT e indignación ciudadana por la corrupción de los últimos años. La revista “Veja” reveló hace poco que la cuenta de la empresa creada por Lula para cobrar honorarios relacionados con sus conferencias, LILS, recibió casi ocho millones de dólares provenientes de empresas acusadas de ser parte del tinglado de corrupción que instruye el juez Sergio Moro. La fiscalía lo investiga por los viajes que le pagó Oderbrecht, empresa beneficiada por créditos de BNDES, con destino a los mismos países -Panamá, Venezuela, República Dominicana, Ghana- donde ellas realizaban obras al momento de recibir esos préstamos.

Lula no esconde su deseo de volver al poder en 2018 para lo que sería el quinto gobierno consecutivo del PT. Por ello, y para defenderse de un horizonte penal ominoso, necesita protegerse sosteniendo a Dilma. Sabe que la caída de la mandataria sería vista como la debacle del “lulapetismo”, ese sistema populista y corrupto que está detrás tanto del fracaso económico evidente desde 2011 como de la podredumbre política y empresarial que aturde al país.

Dilma, mientras tanto, navega entre dos aguas. Por un lado tiene que apoyarse en Lula y su “acordão” para sobrevivir en el cargo y salvar a su gobierno de un derrumbe definitivo; por el otro, intenta llevar a cabo un proceso de saneamiento económico que es incompatible tanto con el “lulapetismo” populista como con el ambiente de desconfianza que el “lulapetismo” moral suscita en amplios sectores de Brasil. Esta contradicción se refleja en situaciones cómicas, como el hecho de que la Central Unica de Trabajadores (CUT), cercana al PT, el Movimiento de los Sin Tierra y otras organizaciones de base convoquen manifestaciones de “respuesta” contra las protestas masivas de los críticos y al mismo tiempo anuncien que en las marchas atacarán las medidas de austeridad promovidas por la presidenta a la que quieren salvar. Otro enredo cómico tiene que ver con el hecho de que el presidente rebelde de la Cámara de Diputados esté desleyendo las medidas de austeridad, por ejemplo las que pretenden retirar las exenciones tributarias a ciertas empresas, al mismo tiempo que los agentes del “lulapetismo”, sus teóricos enemigos, expresan reparos contra el neoliberalismo de la mandataria a la que quieren defender contra el propio Eduardo Cunha.

La economía, además de la ira ciudadana, conspira contra el “acordão”. En el segundo trimestre la contracción ha sido de casi 2% en términos anualizados y se estima que a finales de año será de 1,5%; los pronósticos para 2016 apuntan a otra contracción. Hay que tener en cuenta que, antes del “lulapetismo”, Brasil no experimentaba dos años de encogimiento económico seguidos desde la Gran Depresión de los años 30. Con la ayuda de Joaquim Levy, su respetado ministro de Finanzas, Dilma procura poner algo de orden en un manejo fiscal y económico que estuvo caracterizado por la irresponsabilidad. Pretende, con ello, desencadenar la inversión y la producción.

Pero todo indica que el ambiente político y social, la falta de coherencia en las medidas adoptadas y la volubilidad que ha mostrado el gobierno durante los últimos años no permitirán dar vuelta a la situación a tiempo para que Dilma reconstruya su menguada fuerza. Por tanto, su dependencia de Lula es y seguirá siendo enorme, como lo será también su vulnerabilidad a la contaminación que el propio Lula y el “lulapetismo” le infligen a su gobierno.

Su permanencia en el cargo, pues, es, como decía Churchill acerca de los soviéticos, una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma.

Este artículo esta en La Tercera