El fracaso con las cárceles

Con idas y vueltas, los gobiernos del Frente Amplio intentan disimular sus rotundos fracasos en la administración de las cárceles. Primero liberaron anticipadamente a los presos y ahora proponen más encarcelamiento. Mientras tanto, no hay políticas de rehabilitación.

El reciente motín carcelario ha puesto otra vez en escena la situación de las cárceles, demostrando una vez que lo único que funciona al respecto es el perímetro militar que las rodea, ya que en su interior se registran situaciones impredecibles, con asesinatos, tráfico de drogas y de armas, manejo habitual de los teléfonos celulares por los delincuentes y notorias conexiones entre ellos y las bandas delictivas.

Como sostiene nuestro columnista Julio Aguiar no hay políticas de rehabilitación, sobre lo que viene insistiendo el comisionado parlamentario Dr. Juan Miguel Petit, que asegura que no será posible combatir la inseguridad con los actuales niveles de reincidencia.

Mientras tanto, el gobierno de afilia a la tesis del “progreso manuscrito”, proyectando el pasaje del Instituto de Rehabilitación que administra y custodia las cárceles, del Ministerio de Interior al de Educación y Cultura, pero esa transformación será meramente nominal si no hay nuevos edificios carcelarios y si no se cuenta con personal especializado y bien pago, lo que hoy en día es una utopía absoluta.

Se trata de una nueva improvisación, que se suma a una larga serie de propuestas inconsistentes que los gobiernos del Frente Amplio han venido acumulando desde 2005, cuando inauguraron su gestión con una polémica ley de “humanización del sistema carcelario”, por la cual 800 reclusos ganaron la libertad anticipadamente. El hacinamiento no se resolvió y por el contrario recrudeció. Con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y la eliminación de la prisión preventiva, la cantidad de reclusos disminuyó levemente, lo que provocó que el propio gobierno, especialmente el ministro de Interior, reclamaran que se vuelva al régimen anterior, implantando otra vez la prisión preventiva y haciendo algunas penas más rigurosas, lo que acaba de ser convalidado por el senado. Es decir, como en tantos otros aspectos de la vida nacional, el Frente Amplio pasa de una posición a la contraria, de la excarcelación anticipada y de la liviandad en las penas a la mayor encarcelación posible y a las penas más severas.

Mientras tanto, las cárceles y el instituto de rehabilitación para los jóvenes “infractores” siguen siendo denunciados por violar sistemáticamente los derechos humanos. Tanto los organismos internacionales como los expertos compatriotas advierten sobre esa situación de retroceso, que repercute negativamente en la seguridad en la medida en que la reinserción social de los reclusos es casi imposible.



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