Correo de los Viernes - El boleto "anti-obrero"

El boleto "anti-obrero"

Detrás de la fantasiosa discusión sobre el “boleto obrero”, que protagonizaron Daniel Martínez y Carolina Cosse, se esconde la triste realidad de los trabajadores que utilizan a diario el sistema de transporte capitalino. Durante las últimas dos administraciones frenteamplistas de Montevideo, el precio del boleto creció 135% a pesar del abrupto incremento de los subsidios estatales que sobrepasaron los 100 millones de dólares anuales. El transporte capitalino es caro e ineficiente.

Desde hace 30 años, en el que el Frente Amplio gobierna Montevideo, el precio del boleto capitalino no ha parado de crecer. No obstante, en las últimas dos administraciones, la de Ana Olivera (2010-2015) y la de Daniel Martínez (2015-actualidad), la situación se agravó considerablemente. En una carrera imparable, el precio del boleto y los subsidios estatales aumentaron más del doble.

Durante la campaña electoral para las elecciones departamentales del año 2010, la Prof. Ana Olivera se comprometió a ajustar el precio del boleto una vez al año. Cuando resultó electa, el boleto tenía un costo de $17. Durante los tres primeros años de gestión, Olivera cumplió su promesa y realizó dos aumentos de $1. Sin embargo, en los últimos años no logró contener los incrementos: realizó dos en 2013 ($2); dos en 2014 ($2); y uno al finalizar su gestión en 2015 ($1). Olivera recibió el boleto a $17 y lo entregó en $24: un aumento de 41% en cinco años.

Nuevamente en campaña, el Ing. Daniel Martínez se comprometió a brindar un “mejor servicio de transporte” que “cueste lo menos posible”. Sin embargo, desde el inicio de su gestión en 2015 hasta la actualidad, el boleto pasó de costar $24 a $40: un aumento de 66,5% (25% más que su antecesora). En conjunto, las administraciones de Olivera y Martínez incrementaron el precio del boleto un 135,2% (de $14 a $40), muy por encima de la inflación, los aumentos salariales y cualquiera de las excusas aducidas por el oficialismo montevideano.

Contrario a lo que indica el sentido común, este histórico incremento en los precios del transporte público no se debió a una contracción de los aportes estatales. Por el contrario, éstos no han parado de crecer. En 2009, los subsidios sumados representaron más de 58 millones de dólares; para 2012, esta cifra ascendió a 104 millones de dólares; desde entonces, no se ha reducido.

Actualmente, el boleto capitalino está subsidiado por tres mecanismos: un aporte de la Intendencia de Montevideo, que pagan los montevideanos con sus tributos; otro del Ministerio de Economía y Finanzas, que se paga con el aporte de todos los uruguayos a rentas generales; y un tercero proveniente del fondo del gasoil, por el cual un tractorista de Artigas o de Rocha termina pagando parte del boleto montevideano.

Pero estos constantes incrementos, que cada uruguayo paga con sus impuestos, no han mejorado en lo absoluto un sistema de transporte cuyo mayor logro reside en amontonar a los usuarios como ganado, en viajes tan incomodos como interminables. Un sistema en el que agentes privados con vínculos en el gobierno gestionan, sin contrapartida alguna, los fondos resultantes del trabajo de los uruguayos.

Tal es la confianza, que el sistema está basado en las declaraciones juradas que hacen las empresas sobre sus costos internos y los quilómetros recorridos, datos con los que las autoridades confeccionan la famosa paramétrica de la que surgen los porcentajes de aumentos.

La excusa se repite año tras año: si no se sube el precio del boleto no se pueden pagar lo aumentos que fija el sector. No obstante, sin desconocer el peso de los salarios en el costo final, no es posible atribuir a los mismos el valor de los ajustes realizados. Como han recordado distintos integrantes de la Junta Departamental, los gobiernos del Frente Amplio intentan, con esto, enfrentar a trabajadores contra trabajadores.

En definitiva, lo único lógico son las consecuencias de este perverso sistema. Lejos de proteger a los “obreros”, como argumentan las autoridades oficialistas, se los condena. A pesar de los subsidios millonarios, el transporte colectivo sigue siendo caro e ineficiente. Quienes tienen el poder adquisitivo suficiente, han optado por adquirir vehículos propios reduciendo aún más el uso del transporte colectivo.

Lo anterior, cierra el círculo vicioso: la expansión del uso de autos y motos agudiza el congestionamiento del tráfico, aumentando el tiempo de los traslados, ya sea en bus, auto o moto. Al final del día, tenemos mayores tiempos de traslado, menor confort en los viajes y una situación insostenible en materia de movilidad, agravada por los costosos fracasos en materia de infraestructura como los del Corredor Garzón.

Es claro que Montevideo necesita un cambio, con nuevo gobierno que controle realmente a las empresas de transporte y condicione las trasferencias a la eficiencia, logrando así aumentar la demanda, reducir los costos y bajar las tarifas. Recién allí podremos hablar de un verdadero “boleto obrero”.