El Mides ganó el campeonato de irregularidades
 El Ministerio de Desarrollo Social tiene 414 observaciones del Tribunal de Cuentas, saliendo por lo tanto primero en el campeonato de irregularidades. El organismo de contralor le observó gastos sin respaldo legal, compras directas cuando correspondía hacer licitaciones y adjudicaciones no justificadas a las empresas o cooperativas “amigas”. El cuadro de clientelismo y de falta de transparencia, con decenas de contrataciones “a dedo”, va a provocar la convocatoria de una comisión investigadora en el Parlamento.
El Mides se saltea olímpicamente las observaciones del Tribunal de Cuentas, siendo el Ministerio que ha recibido más dictámenes contrarios a sus actuaciones contables. El Tribunal suele reiterar sus observaciones, pero como no son vinculantes, el Ministerio que dirige la señora Marina Arismendi ha resuelto reincidir, promoviendo un enorme desorden. A veces la administración, por razones de urgencia o de necesidad, desconoce las observaciones del Tribunal, pero en el caso del Mides la situación es patológica, porque siempre se hace lo contrario a lo que el organismo de contralor recomienda.
Hay centenares de casos de compras directas que debieron hacerse por licitación según los montos manejados y se reiteran las contrataciones de cooperativa o pequeñas empresas de amigos o compañeros políticos que no tienen las condiciones requeridas. Un ejemplo reciente fue la prórroga y ampliación de un contrato para la gestión de centros de atención nocturna en Montevideo. La adjudicación, definida a mediados de ese mes, era por más de 17 millones de pesos y favorecía entre otros a la Asociación Civil Centro de Participación Popular, una ONG fundada por Christian Mirza, exdirector de Políticas Sociales del Ministerio.
El diputado nacionalista Martín Lema, quien promueve la instalación de la comisión investigadora se basará en un informe de la Auditoría Interna de la Nación, que se refirió directamente de “falta de transparencia y abuso" en las contrataciones directas por parte del Mides.
Allí se apuntaba principalmente a los programas Calle y Cuidados. Entre otros aspectos, la auditoría señalaba la falta de definición de un marco de actuación y control de las organizaciones, que hacía imposible monitorear el cumplimiento de los fines para los que fueron contratadas.
La auditoría marcaba, ya en 2012, que de los cerca de 80 mil beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social, unos 29 mil no reunían los requisitos para recibirla. El Mides, según Lema, nunca objetó el informe de la Auditoría, pero tampoco cumplió con sus recomendaciones.
El diputado nacionalista basará también la necesidad de una investigadora en los 13 pedidos de informes que desde marzo de 2015 hizo al Mides y que no fueron respondidos.
Se apuntará a esclarecer el “abuso de contrataciones directas y a dedo". En particular, sobre determinadas organizaciones que “parecen tener el monopolio” de las licitaciones y adjudicaciones.
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