El FA perdió otra oportunidad

La negativa oficialista a pasar los informes de la comisión investigadora de la regasificadora de Puntas de Sayago a la Justicia y la declaración de “secreto” de los antecedentes y actuaciones de la comisión, no hace otra cosa que incrementar las sospechas sobre una operación sobre la que siempre rondó el fantasma de la corrupción. El Frente Amplio perdió, pues, otra oportunidad que sus discursos sobre la transparencia y la probidad son sólo eso: discursos.

“No hubo una sola irregularidad”, “hubo tremenda transparencia” (sic), “todo fue hecho de acuerdo a Derecho”, “pasar esto a la Justicia no tiene sentido; no es porque temamos algo”, fueron algunas de las expresiones del diputado Roberto Chiazzaro del PS en ocasión de fundamentar la decisión de no pasar los antecedentes a la Justicia.

Pero sobre el final de la sesión, el Frente Amplio dio un paso más: declaró “secretas” la documentación y actuaciones de la comisión investigadora, con lo cual no sólo no se entera a la Justicia sino tampoco a la ciudadanía.

Gas Sayago, la empresa titular de la obra (propiedad de ANCAP y UTE), lleva perdidos casi U$S 180 millones en una regasificadora inexistente, pero por la cual paga abultados sueldos e indemnizaciones a un grupo de pescadores (no a todos) afectados por la obra inconclusa. La empresa se encuentra, además, embarcada en un duro litigio judicial con la constructora brasileña OAS por los bienes abandonados por ésta en el obrador.

Ya desde el inicio, el planteo estuvo mal parido. La regasificadora sólo tenía sentido si se le vendía gas a Argentina y si se concretaba el proyecto Aratirí (otro proceso caracterizado por su fetidez y fracaso). Lo primero era muy difícil, sabiendo que Argentina contaba —y cuenta— con unos de los más importantes yacimientos de gas natural del mundo: Vaca Muerta. ¿Qué clase de planificación es esa?

Luego vino el proceso de adjudicación de la obra, que es la parte más oscura del fracasado negocio. La empresa adjudicataria fue el consorcio Gas Natural Licuado del Sur (GNLS), conformado por Gaz de France – Suez y la japonesa Marubeni. Tanto Gaz de France – Suez como Marubeni han estado involucradas en escándalos diversos. Para variar, el contrato firmado con el consorcio GNLS fue declarado “confidencial”.

La empresa francesa —redenominada “Engie” desde 2015— ha sido multada recientemente por la Comisión Europea (120 millones de euros) por obtener ventajas fiscales indebidas en Luxemburgo, pero en 2014 cuatro directivos de una filial de la empresa en España fueron arrestados por una gigantesca trama de corrupción en varias ciudades y autonomías españolas, beneficiándose de contratos públicos en “connivencia” con legisladores municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y empresas de servicios energéticos. A su vez, en el marco del “Lavajato”, el empresario Marcelo Odebrecht, en su delación premiada, involucró a la empresa gala en el pago de sobornos para la construcción de una usina eléctrica en el Estado de Rodonia.

La japonesa Marubeni, por su lado, tiene una larga lista de escándalos que arrancan en 1976 por un caso de coimas de la empresa Lockheed en Japón, en las que Marubeni operaba como intermediaria, que terminó con el entonces Primer Ministro Kakuei Tanaka procesado en 1983, así como varios directivos de Marubeni. En 1986 se encontró a la empresa culpable de haber pagado coimas al dictador Ferdinando Marcos de Filipinas y a varios de sus amigos. En 2012, la filial de Marubeni en EEUU aceptó pagar una multa de U$S 54,6 millones de dólares por violaciones varias del Acta sobre las Prácticas Corruptas en el Exterior (la ley que prohibe a las empresas estadounidenses pagar coimas en el extranjero) por pago de sobornos a funcionarios en Nigeria.

Pero la frutilla de la torta fue la aparición de la constructora brasileña OAS en el negocio como subcontratista para la construcción de la terminal regasificadora y el gasoducto. Su aparición en escena es oscura. Un informe de la gerencia general de Gas Sayago al directorio de la empresa, señalaba que OAS no cumplía con todos los requisitos mínimos exigidos y había presentado antecedentes incompletos. Sin embargo igual fue preseleccionada y terminó ganando la licitación.

OAS ha quedado vinculada a diversos escándalos por pago de sobornos no sólo en Brasil sino en otros países de la región, como Perú y Chile. Su presidente, José Aldemario Pinheiro, fue condenado en 2015 a 16 años y 4 meses de cárcel por pago de sobornos, lavado de activos y asociación ilícita. Luego fue apresado su sucesor, Elmar Varjao por los mismos cargos. Y su accionista mayoritario y fundador, César Mata Pires, murió de un infarto fulminante el año pasado cuando se aprestaba a arreglar su propia delación premiada con la Procuradoría General de la República.

Lula en diversos países se “interesó” por los negocios de OAS. Y un ex Ministro de Lula, Fernando Pimentel, fue acusado de cobrar un soborno de OAS para gestionar ante el gobierno de Mujica para que se adjudicara la construcción de la regasificadora a la empresa brasileña. Según la acusación, Pimentel habría sido elegido para llevar adelante la gestión por conocer al “jefe de gabinete” de Mujica, cargo inexistente en Uruguay, lo cual ha desatado desde entonces todo tipo de especulaciones acerca de quién sería ese misterioso personaje. Tal vez en algún momento, Pimentel hable...

Por sus problemas en Brasil, OAS rompió su contrato con GNLS y todo se terminó de desmoronar, dejando un tendal de cuentas impagas.

Como es sencillo de advertir, pasar los antecedentes a la Justicia era lo mejor que se podía hacer ante un negocio tan ruinoso —que nos ha costado, nos cuesta y nos costará una fortuna— como oscuro, a efectos de dilucidar responsabilidades.

El Frente Amplio, con sus mayorías, dice por boca del diputado Chiazzaro que “nada temen”, pero cerró a cal y canto la posibilidad de que la verdad se conozca.



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