Dura acusación al Ministerio de Interior por las cámaras de identificación

El ex presidente de la Auf ratificó ante la Fiscalía que, en la licitación por las cámaras de identificación facial, el Ministerio de Interior tuvo una “incidencia mayúscula”.

La investigación de la Fiscalía sobre el turbio asunto de los audios que involucran a dirigentes del Fútbol va y viene, aunque da la impresión de que no tiene un rumbo concreto.

Pero mientras tanto, Búsqueda transcribió las declaraciones del ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, en las que en forma directa sostuvo que en la licitación de las cámaras de seguridad, el subsecretario del Ministerio, señor Jorge Vázquez, tuvo una “incidencia mayúscula” en la selección de la empresa favorecida.

El semanario relata que Valdez asegura que Vázquez influyó para seleccionar una empresa, pese a que otra ofrecía un servicio más barato y con iguales o mejores condiciones técnicas. Según esa crónica, el ministerio estableció cuáles debían ser los requisitos de las ofertas y luego la AUF y la consultora ITC —contratada por el organismo rector del fútbol uruguayo— debían evaluar las postulaciones de acuerdo a criterios de calidad-precio. El resultado fue que dos empresas pasaron las pruebas: Servinfo en primer lugar y DDBA detrás.

Valdez consultó al subsecretario Vázquez y a pesar de que la oferta de Servinfo era 16% más económica y venía avalada técnicamente por la asesoría, la cartera del Interior consideró que DDBA tenía más experiencia y mejores resultados en el reconocimiento facial, por lo que debía ser esa la elegida. “Se eligió la del rumor”, dijo Valdez ante la Justicia, refiriéndose a que DDBA se mencionaba como la empresa palanqueada por el Ministerio.

Si bien quien resolvió la compra fue la AUF y el dinero para pagar la instalación de las cámaras también lo pagó la institución, la licitación fue digitada desde el Ministerio. Valdez declaró ante la Fiscal que el Ministerio del Interior, “entre comillas, no se metía en la decisión”, porque pidió los requisitos técnicos y si decía que una empresa no cumplía, quedaba eliminada. “Tuvo una incidencia mayúscula en el resultado final”, afirmó Valdez de acuerdo con las fuentes judiciales.



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