Correo de los Viernes - Díaz oscurece cuando aclara

Díaz oscurece cuando aclara

Por Santiago Torres

Las aclaraciones del titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, lejos despejar dudas, las agrava.

El Poder Ejecutivo ha redactado un proyecto de ley (ahora dice que es apenas “un borrador”) para la prevención del lavado de activos por el que se profundizaría el recorte de derechos individuales que, bajo la batuta de la OCDE, en el que viene volcando todo su empeño desde 2005.

Según el proyecto (o anteproyecto o borrador, da igual), se incorpora a “los contadores, los abogados, las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones en general y cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica” al grupo de sujetos obligados a informar al Estado sobre las actividades de clientes o donantes, como ya lo estaban los escribanos, anticuarios, zonas francas, casinos, proveedores de servicios societarios o fideicomisos. Y dije bien: las actividades, sospechosas o no. Porque la Secretaría Antilavado —en la hipótesis nada improbable que este “borrador” se convierta en ley— les requerirá periódicamente que brinden informes sobre las mismas bajo amenaza de graves sanciones, como no podía ser de otro modo. Incluso, la Secretaría les puede exigir “la exhibición de todo tipo de documentos propios y ajenos”.

Asimismo y coherente con todo lo anterior, el proyecto releva a los profesionales de guardar el secreto profesional, algo que parece inspirado en la siniestra “Patriot Act” impulsada por el gobierno de George W. Bush.

De inmediato y con sensibilidad destacable, el Colegio de Abogados reunió en forma urgente a su flamante directiva para analizar el proyecto en cuestión y terminó rechazando la incorporación de los abogados a esa suerte de “club de buchones a la fuerza”. Según manifestó la institución en un comunicado, ello “implica denunciar a sus propios clientes ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por afectar el cumplimiento por dichos profesionales de su función como asesores y defensores en materia jurídica así como el derecho de toda persona de consultar a un abogado para conocer su situación legal, facultad con sustento en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales”.

El titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, concurrió el miércoles al Parlamento e intentó despejar la montaña de dudas y recelos que el mentado proyecto despertó. Pues bien, aparte de señalar que se trataría sólo de “un borrador”, no despejó nada. Por el contrario, Díaz manifestó que se trata de “preservar la salud de un país” y que, como se trata de un “borrador”, no sabe si —finalmente— esas disposiciones se plasmarán en un proyecto de ley formal: “Esa es una decisión política y por ahora no existe como proyecto de ley”.

En lo personal, como ciudadano de un país que aspiro a que respete los derechos individuales y haga respetar su soberanía, no me deja tranquilo en absoluto que esto sea un “borrador”. Que el gobierno “borronee” estas barbaridades ya es, por sí mismo, una barbaridad. Que se diga que se desconoce si, finalmente, las barbaridades formarán parte de un proyecto oficial del Poder Ejecutivo, sólo incrementa la incertidumbre. Y que se diga, finalmente, que es para “preservar la salud” del Uruguay, mueve a la indignación. Sólo en una cabecita cipaya e insensible al totalitarismo puede caber que convertir al Estado en el Alfa y el Omega, un panóptico de los ciudadanos, constituye algo “saludable”.