Las auditorias habituales que realiza el estado anualmente, demuestran que el último gobierno del Frente Amplio manejó los recursos públicos con desidia, sin controles y muchas veces en forma ilegal.

El Poder Ejecutivo presentó informes sobre la actuación financiera y contable de los ministerios durante el año 2019, comprobando que en varios casos hubo irregularidades en el manejo de los fondos públicos, falta de controles y ausencia de respaldo legal.

Aunque la coalición hoy gobernante había anunciado ese propósito desde antes de la elección y, tratándose de una actividad normal del Estado, el Frente Amplio asumió el asunto como un insulto, con expresiones grandilocuentes. Varios voceros frenteamplistas aseguraron que se hizo un uso político de las auditorías, que "todo es humo", mientras que el exministro Astori redobló el dramatismo, ya que, según Búsqueda, sostuvo que el hecho representa "un duro golpe" que va a provocar un gran enfrentamiento y una fractura social y política, ya que lo que hizo el gobierno es "alimentar odios" (¿?). O el Frente Amplio tiene realmente muchas cosas terribles e inmorales para ocultar o el tremendismo de Astori es totalmente injustificado. Lo único que hizo el gobierno fue divulgar las auditorias que hace anualmente la Auditoría General de la Nación. Quizás lo que puso nervioso a Astori fue el anuncio de que con esa información inicial se proseguirán las investigaciones administrativas, tras las cuales -recién ahí- podrá haber denuncias penales. Por ahora lo que hay es eso, no es mucho pero no es poco.

Según la ministra de Economía Azucena Arbeleche, hubo desidia en el manejo de los recursos públicos, es decir, "falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa", según la definición del diccionario de la Academia española. Arbeleche agregó que "con estas primeras auditorías damos el inicio a un proceso de investigación. El Poder Ejecutivo a partir de hoy avanza con investigaciones administrativas en cada una de esas actuaciones y luego, de acuerdo con los elementos que surjan, se enviará a la Justicia lo que corresponda".

"Hemos encontrado un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos; reglas que se apartan de la buena administración que uno haría en su casa con su plata. Hemos encontrado que muchas de estas actuaciones se apartaban de la normativa, estaban en contra de la normativa vigente o directamente no había una normativa que habilitara esas actuaciones. Hemos encontrado en muchos casos sistemas de control débiles y que no permiten un uso responsable, eficiente, prolijo de los recursos", enfatizó Arbeleche.

Con respecto al monto que pudieron implicar para las arcas públicas esas presuntas irregularidades, señaló que es difícil de "cuantificar" y puso el ejemplo de un resonador en el Hospital Maciel "que está listo, pero no se puede utilizar". Y explicó: "Es difícil ponerle un precio a eso, pero es algo por lo que se gastó US$ 1.000.000 y no se está pudiendo realizar el diagnóstico correspondiente".