Desfondando al Estado

Paso a paso y con fruición digna de mejor causa, desde la mayoría del Frente Amplio, con la aislada oposición del “astorismo” y la insólita indiferencia presidencial, se viene procurando demoler el régimen previsional existente, sin advertir —o haciéndolo pero sin importarle— que ello supondrá el colapso financiero del Estado todo.

Está claro que la tendencia oscurantista del Frente Amplio sigue soñando con destruir las AFAP y retornar a un sistema previsional al cual ellos, además, se encargan de inviabilizar. Fracasados sus intentos de referéndum y puesta en marcha la ley, intentaron —una y otra vez— trasladar a la gente esa desconfianza con propaganda tremendista, pero no hubo ninguna desafiliación masiva; los trabajadores prefirieron seguir en las AFAP y acceder a su cuenta, con su dinero ahorrado. Ahora se montaron encima del reclamo de los llamados “cincuentones” y tiran una bomba de profundidad sobre el conjunto del sistema, sin advertir que van a comprometer al Estado mismo.

Repasemos: cuando se hizo la reforma de jubilaciones en 1995 el país caminaba hacia el iceberg, como el Titanic. El presupuesto de seguridad social había alcanzado la mitad del gasto público y se comía el 15% del PIB. No era sostenible financieramente. La reforma legal salvó entonces al país de una catástrofe. Si no hubiera ocurrido, hoy no habría Fonasa, ni las inversiones en seguridad pública y educación que se han hecho. Las jubilaciones lo hubieran tornado inviable.

Ahora estamos reconstruyendo la tragedia. En 2008 se bajó la exigencia de años de trabajo de 35 a 30. A contramano de la lógica, porque la expectativa de vida sigue creciendo, el Uruguay —a la inversa del mundo— bajó las exigencias. Para completarla, reabrió el espacio de la prueba testimonial de servicios, con lo que se empezaron a jubilarse muchos que no habían aportado. Y, como si esto fuera poco, ocurre que la jubilación por enfermedad o invalidez pasa a generar jubilaciones mayores que las ordinarias, razón por la cual estamos ante una avalancha incontenible de jubilaciones por esas causales. Un decreto de 2013 creó tales condiciones favorables para esa opción, y hasta los funcionarios del BPS invocan su propia invalidez.

Todo esto es muy simpático, hoy hay jubilaciones para todos, lo que querrá decir para nadie dentro de algunos años, más pronto de lo que parece (porque habrá otros daños que adelantarán la situación).

En ese contexto ya complejo aparece la historia de los “cincuentones”, destinada a beneficiar —en el mejor de los casos— al 12 o 14% de los jubilados, en general a los que ganan por encima del promedio. A ellos se les reconoce la jubilación íntegra a los 60 años que, de esperar a los 65, les daría el mismo resultado. Es más, de aprobarse el proyecto del gobierno, al quedar obligados a pronunciarse ahora, muchos de los que pasen su ahorro íntegramente al BPS perderán dinero, pero de ello se darán cuenta después. En la ley de 1995 se pretendió, justamente, que se llegara a los 65 años, lo que hace que alguna gente desee hacerlo antes y con el mejor resultado. Pretexto que a su vez ha permitido al Ministro Murro y sus seguidores intentar ese proyecto de ley que por el momento ha logrado detener el Ministro Astori, procurando una solución muy similar a la propuesta en su momento por el diputado colorado Conrado Rodríguez y que esta misma semana el Partido Colorado ha puesto a disposición del sistema político. El tema es que esta historia cuesta 5.000 millones de dólares, lo que —descontando los 1.200 que devolverían las AFAP— supone unos 3.800 millones de dólares.

Nos ponemos, raudamente, en el camino de desfondar el sistema. Y como —por otra parte— nos hemos comprometido a hacer en dos años un ferrocarril que costaría no menos de 2.000 millones, la recarga de gasto público (con el consiguiente crecimiento de deuda) nos lleva a una situación que las calificadoras de riesgo no dejarán de ver. Esto es lo que desespera al Ministro de Economía, al advertir el riesgo cierto de que el buque haga agua por todos lados y termine hundido.

 Detrás de todo, hay un debate ideológico si pueda así llamarse a un prejuicio que, después de la caída del Muro de Berlín, ya es un anacronismo salvaje. Por un lado o por otro, por una razón o por la otra, quienes quieren retornar al viejo “sistema de reparto” y abolir el ahorro individual, calificado de burgués y egoísta, no renuncian a ningún pretexto. Así es que se han encaramado en el tema de los “cincuentones” y de los “inválidos” (el pie plano es causal, no haber terminado la escuela mejora la calificación) para arrojar desbalances que servirán de pretexto para echar por tierra todo y empezar de nuevo. Un diputado comunista claramente habla ya de otro sistema, sustituyendo sistema actual y adelantando que el tema... ¡no son las edades!

Estamos ante un problema más serio que lo que se entrevé detrás del debate técnico. Se trata de —una vez más— llevar al país al atolladero del que, en buena hora y con sentido patriótico, pudimos salir.



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