Descalabro en la salud pública del cual nadie se hace responsable

Por Darío L. Pimentel

El próximo gobierno, que asumirá el 1º de marzo, enfrentará un terrible descalabro en la salud pública.

El Sistema Nacional Integrado de Salud, puesto en marcha durante la presidencia de Tabaré Vázquez, ha dejado por el camino la mayor parte de los principios rectores de la ley.

Las transformaciones han sido, en general, un rotundo fracaso: en todos estos años las autoridades se han olvidado de cumplir con “la accesibilidad de los servicios, la continuidad de las prestaciones, con la calidad integral de la atención”.

Tampoco se ha aplicado cabalmente “el respeto al derecho de los usuarios” ni se ha llegado a “una eficacia y eficiencia en términos económicos y sociales”.

Los cambios aplicados, sobre todo en los centros de atención públicos, han provocado profundas distorsiones, algunas macabras, y carencias en cualquiera de los órdenes, que han perjudicado notoriamente a los usuarios.

En los últimos tiempos, se han agudizado los episodios que marcan la incapacidad gobernante y la torpeza en la gestión.

Existe, en la salud pública, un endemoniado caos: desde las estafas de las empresas de limpieza Claniver, primero, y Buena Estrella, después, en el Maciel, las muertes evitables (22 en el año pasado, según denuncia en el Parlamento), la falta de ambulancias o el mal funcionamiento de las mismas, las esperas frente a emergencias con muertes antes de llegar a una atención.

Se ha denunciado con insistencia la falta de personal, un problema de graves repercusiones que tampoco se ha sabido solucionar.

Sin duda, es deficiente la atención de los especialistas, que distribuyen horas cada tres o cuatro meses. En Florida, por ejemplo, una niña debió esperar 18 meses para llegar a un oculista.

Fuentes oficiales señalaron que las intervenciones quirúrgicas se realizan según “la disponibilidad de médicos y no de la necesidad de los pacientes”.

Versiones diferentes insisten que en el interior faltan alrededor de 450 médicos, fundamentalmente pediatras, anestesistas y oftalmólogos.

Además, faltan CTI en el interior, donde numerosos centros asistenciales carecen de los imprescindibles equipos.

Los pediatras del Hospital Pereira Rossell denunciaron falta de camas en el CTI; semanas atrás una sala de CTI quedó contaminada por las obras; en consecuencia, diez pequeños fueron trasladados con infecciones.

Tiempo atrás, un anciano murió en una ambulancia a la espera de atención en la emergencia del Hospital de Las Piedras. Este episodio desató una fuerte controversia sobre las esperas en emergencias y los controles. 

Pero algunos políticos y analistas han coincidido en asegurar que los males de la salud pública han girado en torno a una polémica figura: el representante de los trabajadores en el directorio de Asse, Alfredo Silva.

Silva manejó por mucho tiempo el entramado gremial en la salud pública y fue designado para el cargo en Asse por los sindicatos. Este año fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y público.
Generó controversias y dejó al descubierto una red de corrupción en los organismos de la salud pública, difícil de desentrañar y que se extendió por varias instituciones.

Impulsó la formación de la empresa de limpieza Buena Estrella (que efectuó cobros indebidos en el Hospital Maciel) y amañó contrataciones de sus servicios por parte entidades de asistencia de Asse, según acuerdos directos o licitaciones dudosas.

Presionó para lograr sus fines, merced a su poder en la Dirección de Asse y en ocasiones prometió evitar conflictos para obtener adhesiones de empresarios.

También gestionaba el pago adelantado a las empresas actuantes, a los efectos que los trabajadores recibieran su salario en fecha.

A través del tiempo este sindicalista acumuló denuncias por corrupción, acoso laboral y autoritarismo. Despertó pasiones y hay quienes aseguran que generaba temores.

Durante el gobierno de Tabaré Vázquez accedió a sus funciones en Asse. En ese entonces presidía el organismo Mario Córdoba.

Precisamente, Silva y Córdoba estuvieron vinculados a la destitución de varios jerarcas de hospitales públicos en todo el país. Al mismo tiempo, ambos designaron autoridades basados en la adhesión gremial o ideológica, sin preocuparse en una posible idoneidad para los cargos.

Silva sobrevoló ileso dos interpelaciones en cuatro años: el senador colorado Alfredo Solari denunció maniobras con el alquiler de automóviles y el senador Luis Alberto Heber acusó de corrupción, acomodo, arreglo y abuso de poder.

En esa oportunidad, Silva negó las afirmaciones de Heber y señaló que no tenía “nada que ver con Buena Estrella”.

Luego de su procesamiento, dirigentes del Pit-Cnt deploraron las acciones de Silva. “Equivocó el método”, indicaron.

La vacante sigue sin llenarse: el gobierno debe resolver la forma de efectuar los nombramientos y corregir anomalías de funcionamiento. Vacíos que les llaman. También ha quedado planteada la discusión acerca del verdadero papel de los delegados de los trabajadores en los organismos estatales.

El desorden, un verdadero caos en la salud pública, que nadie explica claramente. Por supuesto, los responsables permanecen ocultos, atornillados en sus asientos.




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