Derechos de los trabajadores y la LUC

Por Elena Grauert

La Ley de Urgente Consideración persigue el equilibrio en las relaciones laborales, asegurando el ejercicio del derecho de huelga, garantizando al mismo tiempo el ejercicio de otros derechos, como el de propiedad y libertad de trabajo.

Los últimos 15 años hemos asistido a discursos grandilocuentes, sobre las conquistas que han logrado los trabajadores en cuanto a defensa de derechos, los consejos de salario y los sindicatos como centro de poder importantísimo de defensa de los débiles.

No se debe desconocer la importancia de los sindicatos tienen en la política. Tan es así que muchos sindicalistas han hecho de la carrera sindical parte de la propia carrera política. Toda esa exacerbación de poder solamente fue posible por el crecimiento que tuvo el país en los primeros años de gobierno del Frente Amplio, que permitió la baja de desempleo y el crecimiento de salario real, y las protecciones introducidas por la ley de fuero sindical.

Claro está que esto no fue lo que sucedió el último quinquenio, donde terminamos con tasas de desempleo de entre un 8% y 9 %, con salario real en caída y una inflación en alza. Por supuesto que estos malos resultados fueron consecuencia de una política económica desbordada por el exceso de gasto, con el consecuente desequilibrio fiscal , que indujo la falta de inversión, así como también una mayor dificultad para acceder a mercados coadyuvó a que llegáramos a esta mala situación.

El empleo sin duda es una parte importantísima de la economía. Los sindicatos y sus desbordes a los primeros que echaron del mercado fue a los pequeños y medianos empresarios, que optan por ganar menos y no tomar gente o tomar poca gente, dado el creciente empuje de sindicatos , elevando costos no solamente de salario que sería lo lógico, sino de otros rubros adicionales, como es disminución de jornada laboral, pago de compensaciones en forma ficta, y necesidad de asesores permanentes (abogados, contadores), que sin duda fueron haciendo que los pequeños empresarios optaran por dejar el emprendimiento o invertir en tecnología, sustituyendo la mano de obra por las máquinas o robots.

A todo esto se sumó el riesgo por ocupaciones, lo que llevó a que las cámaras empresariales formularan una denuncia ante la OIT. Lo único que dice la LUC sobre la huelga es: “Toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa”.

Este derecho fue consagrado no solo por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, sino también por sentencias de amparo nacionales, como la de Petrobras contra la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas. Ambos dictámenes privilegian los derechos de todas las partes en cuanto a la libertad de trabajo, industria y propiedad por un lado y, por otro, el ejercicio del derecho de huelga con la racionalidad con que debe ser ejercido, empleándolo como un derecho de presión legítima de sindicatos y trabajadores de no concurrir a trabajar, sin poder la empresa sancionar por tal motivo. Pero ello no puede ser extendido a la ocupación o —menos— control de la empresa, que son medidas que violan los derechos referidos en primer lugar.

El inciso segundo del artículo de la LUC mencionado faculta al Poder Ejecutivo a restringir las medidas sindicales adoptadas cuando violen el inciso precedente. Por tanto, regula la instrumentación del derecho, garantizándose el derecho de huelga conforme a la Constitución, sin que éste invada en forma virulenta otros derechos.

Por tanto, las quejas, revueltas, gritos y amenazas del movimiento sindical, no tienen justificación ni constitucional, ni económica, en un mundo donde el emprendedurismo, la calificación, la importancia del valor agregado y del conocimiento que debe sumarse en la circulación de bienes y servicios, es fundamental para el crecimiento de un país. Por tanto, el respeto a los derechos de todos los trabajadores independientes o dependientes, debe ser un valor a preservar si se quieren conservar e incrementar los niveles de ocupación, inversión y crecimiento, que redunden en la mejor calidad de vida de todos. Deben terminar, pues, la filosofía “gramscinana”, el “cuanto peor, mejor” y la lucha de clases, remplazándolos por el acuerdo, el crecimiento y la colaboración de todos, sin explotados, ni explotadores.




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